Rescatar o no rescatar

Se podrían citar cientos de dilemas morales para ilustrar esta controversia. Pero me interesa especialmente este. Como es sabido, desde principios de año el gobierno ha adoptado medidas para reducir la llegada de inmigrantes irregulares, la mayoría de ellas relativas a las labores de salvamento en el mar, que ahora se limitan a aguas jurisdiccionales y han dejado de tener naturaleza preventiva (los barcos y aviones de salvamento que antes patrullaban la zona, ahora solo acuden si se les avisa); el gobierno ha obligado, también, a anclar las embarcaciones de ONG (como el Open Arms) dedicadas a socorrer náufragos. A todo esto se le añade una política deliberada de control informativo que, desde hace meses, mantiene el problema migratorio fuera del foco mediático.

¿Qué significa esto para un gobierno que empezó su andadura con gestos como el del Aquarius? ¿Es moralmente admisible reducir -y hasta impedir- las tareas de salvamento que se venían realizando con éxito hasta hace unos meses? Cuesta trabajo admitir que el asunto no genere apenas debate o, al menos, ruido mediático o político, o que el gobierno no dé explicaciones, más allá de algunas reverendas vaguedades (esclarecedoras a veces, como cuando la vicepresidenta defiende una política migratoria que «bascule entre la seguridad y la defensa de los derechos humanos» -de lo cual se infiere que no todo va a ser respetar esos mismos derechos humanos-). A todas luces la cuestión migratoria se ha convertido en un asunto tabú.

A la falta de información se añade, fatalmente, la desinformación. Corren por ahí, por ejemplo, supuestos informes (citados por prensa supuestamente seria), se supone que realizados por «miembros cualificados de las Fuerzas de Seguridad del Estado», y que -se supone- estarían inspirando la nueva política migratoria del gobierno. Según estos «informes», el número y la eficacia de los salvamentos habrían convertido la ruta española de migración a Europa en una de las más seguras, y por ello, de las más rentables para las «mafias», de manera que estas habrían estado fletando pateras atestadas, sin combustible y en peores condiciones, con la confianza de que sus ocupantes iban a ser rescatados enseguida, provocando así más muertes que las que se producirían sin este efecto llamada y la confianza en un rescate casi seguro.

Sobra decir que todo el argumento anterior -fundado en datos de no menos misteriosa procedencia que la de los informes en sí- es del todo falaz. Si realmente hubiera sido más peligroso el viaje antes -cuando el salvamento estaba asegurado-, ¿cómo explicar el presunto éxito de las «mafias»? De otro lado, el denominado «efecto llamada» hacia una vía más segura no incrementa las muertes sino que, lógicamente -y dado que los migrantes, por una vía u otra, no dejan de migrar-, las reduce.

En cualquier caso, parece claro que el gobierno está obedeciendo algún tipo de estrategia utilitarista que, más allá de reducir la migración irregular (algo por demás irrelevante dado su casi nulo impacto poblacional -¡en un país que se confiesa vacío!- ), buscaría evitar el triunfo de una ultraderecha nutrida por la demagogia en torno a la inmigración ilegal (y, con ello, de políticas migratorias mucho más lesivas para los derechos humanos).

¿Pero estaría por ello moralmente justificada la política de reducir los rescates en alta mar? Desde una ética deontológica está claro que no. Reducir sin necesidad las tareas de salvamento es de una inmoralidad manifiesta, sea cuál sea la finalidad que se persiga. De otro lado, los enfoques utilitaristas pecan siempre de imprevisión. Las cábalas electorales no son seguras -el número de concesiones necesarias para frenar el voto a VOX tampoco-; que vaya a haber más muertos allí donde antes había barcos de salvamento y ahora no, si que -desgraciadamente- lo es.

* Profesor de Filosofía.