Recoge la sentencia de los ruidos en la Madrila de Cáceres que: «En el caso de autos, vistos los hechos probados, hemos de concluir que los vecinos de los distintos inmuebles a los que se refiere la sentencia que ahora se somete a nuestra consideración, han venido sufriendo de manera reiterada y continuada, como mínimo desde el año 2007 hasta el mes de marzo del año 2012, niveles de ruido incompatibles con su salud y una vida familiar tranquila» También quedó acreditado durante el juicio un grave perjuicio para la salud de estos vecinos. Es tan sorprendente como penoso, que el alcalde de Cáceres, el señor Luis Salaya, se sienta profundamente apenado por la entrada en prisión de unos señores que han sido condenados por un delito tipificado en nuestro Código Penal y que «juzgue» de extrema dureza la condena. Está claro que la empatía hacía las víctimas no es una de sus virtudes. Cuestionar una sentencia firme no es sano para nuestra democracia y dice bastante de un alcalde. Por lo que, como ciudadana, le rogaría que en vez de sentir pena pida perdón a esos vecinos que, por la incompetencia de los políticos (también condenados), fueron torturados durante años. Estas declaraciones y la repetición de las elecciones es una prueba de que la mediocridad es una característica intrínseca de nuestros gestores públicos en la actualidad.