El Gobierno español no puede liquidar el fallo de seguridad descubierto en el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) sin pedir cuentas al Ejecutivo ruso, que es el beneficiario directo de la deslealtad del exfuncionario Roberto Flórez García, el topo que se enfrenta a los cargos de traición y revelación de secretos relativos a la defensa nacional y por el que le pueden caer un mínimo de 6 años de prisión. Será claramente inapropiado e insuficiente para preservar la imagen y posición de España que todo se reduzca a un replanteamiento de las relaciones que mantienen los servicios secretos de ambos países. Aunque la inexperiencia de los gobiernos españoles en esta clase de situaciones es manifiesta, existen suficientes precedentes en las relaciones Este-Oeste, cuando el mundo se encontraba en el periodo de guerra fría como para saber cuál es el camino a seguir para dejar claro, sin pasarse de rosca, que Rusia ha quebrantado la confianza de España al pagar información salida del CNI.

Aunque el director del centro, Alberto Saiz, sostenga ante los medios de comunicación que "la seguridad nacional no ha estado en riesgo", hace falta que el Gobierno socialista dé explicaciones. En este sentido, es irrelevante el hecho de que los manejos de Flórez se remonten al periodo 2001-2004, cuando gobernaba el PP. Es posible que las medidas de seguridad en tiempos del director Jorge Dezcállar no estuvieran "a la altura de lo que se tenía en custodia", como dice Saiz, pero la responsabilidad de ponerlas al día es de quienes ahora gobiernan el CNI, y parapetarse detrás de los errores ajenos no es la mejor forma de corregir los propios, si los hay, y menos en un asunto de seguridad nacional, donde a ningún ciudadano le importa el partido en el gobierno.

La implicación de España en misiones de paz --Líbano, Afganistán, Bosnia-- y asistencia humanitaria tienen el relieve suficiente para empeñarse en el esfuerzo de desvanecer toda sombra de duda acerca de la seguridad de nuestros efectivos en el exterior. Y con más razón todavía en cuanto atañe a la política antiterrorista, con ETA y el fundamentalismo islamista en primer lugar. Basta recordar que entre los agentes cuya identidad fue suministrada a Moscú figuraban los seis que fueron asesinados en Irak en el 2003 por, casi con seguridad, delación de los intérpretes.

Ante nuestros aliados de la OTAN y los socios de la Unión Europea es asimismo necesario que el Gobierno demuestre sin ambages que actúa con determinación. Es de todo punto insuficiente sopesar la repercusión de una fuga de información en términos estrictamente interiores. Sería una gran ingenuidad, porque la comunidad de inteligencia occidental comparte una cantidad no pequeña de datos, y el CNI forma parte de este entramado. Para seguir en él sin inducir desconfianza en los socios internacionales es preciso que todo quede aclarado en el menor tiempo posible y se depuren responsabilidades.