WEwl aviso de que una leche envasada infantil de la conocida multinacional Nestlé ha de retirarse del mercado ha causado quizá más alarma de la que merece por tratarse de un caso de toxicidad leve. Pero también es un ejemplo de que persisten los malos procedimientos públicos y privados cuando se detecta una anomalía en el sector alimentario. En el mes de septiembre se supo que, por un defecto de fabricación del envase, algunas leches infantiles de la compañía no eran aptas para el consumo humano. Como el riesgo para la salud de los consumidores era muy remoto, las autoridades sanitarias acordaron con el fabricante que habría una retirada efectiva de todos los lotes distribuidos para evitar la publicidad del caso y, de paso, que la alarma social no fuera superior al mal que se quería impedir.
Aquel acuerdo no se cumplió. Los indicios apuntan a que Nestlé no fue diligente a la hora de localizar y recuperar las partidas de leche en mal estado. Pero tampoco es admisible que las autoridades del Estado no hayan comprobado, hasta que se ha denunciado, la retirada de un producto no apto para el consumo. La negligencia de este caso, que no necesitaba tanta publicidad, es atribuible a compañía y Administración. Lo peor es que alimenta el resquemor.
