La muerte de Serrano Suñer ha frustrado el intento, promovido por un grupo de exdeportados en los campos de concentración nazis, de que este destacado responsable franquista rindiese cuentas ante los tribunales franceses acusado de genocidio. Aquí, la ley de amnistía de 1977 garantizó esa impunidad, y la justicia internacional que persigue a los criminales de las dictaduras del Cono Sur nunca ha examinado las graves responsabilidades en los excesos del franquismo.
La conveniencia de reconciliar a las dos Españas y consolidar una frágil transición democrática hizo necesario aquel borrón y cuenta nueva, y sería irresponsable iniciar ahora una espiral revanchista. Pero una cosa es no perseguir aquellos delitos y otra aceptar que persistan silencios sobre hechos determinados. Hoy, en este tema, hacer justicia es restablecer la verdad, una tarea para los historiadores, para los medios de comunicación y para un Gobierno que no debe regatear reparaciones simbólicas y materiales a las víctimas. Porque muchos culpables escribieron tendenciosamente sus biografías amparándose en el miedo ajeno, y ya es tiempo de ponerles en su sitio, así como de restañar el dolor que sufrieron sus víctimas.
