La Junta Electoral Central (JEC) ha dado un nuevo plazo de 24 horas para que el presidente catalán Quim Torra retire los lazos amarillos y las esteladas de los edificios de la Generalitat, entre ellos el Palau de la plaza de Sant Jaume en Barcelona. Torra se negó a cumplir el primer requerimiento hecho el pasado lunes y presentó unas alegaciones que han sido rechazadas por la JEC. Los argumentos de la Junta son impecables. Sobre las esteladas, dice que «simbolizan las aspiraciones de una parte de la sociedad catalana, pero no de toda ella», por lo que son un símbolo legítimo como «propaganda electoral», pero que, «al menos durante los periodos electorales», no puede ser usado por los «poderes públicos». En cuanto a los lazos amarillos, la JEC aduce que pueden ser usados por las formaciones políticas, pero no por «las autoridades públicas» por respeto a «la neutralidad política». Esta neutralidad política de las instituciones debería, en puridad, regir en cualquier circunstancia, pero la JEC ni siquiera llega a tanto, ya que se basa en el artículo 50.2 de la Loreg, que regula los procesos electorales. Para negarse a la retirada, la Generalitat había recurrido a dos acuerdos del Parlamento catalán, uno en defensa de la estelada y otro que se oponía a la prohibición de los lazos amarillos, pero la JEC resalta que la Loreg tiene primacía constitucional y recuerda que «el principio democrático no puede desvincularse de la primacía incondicional de la Constitución». Al tratarse de una segunda advertencia, el tono es conminatorio. La JEC avisa a Torra de las responsabilidades administrativas (multa) y penales en que puede incurrir si comete desobediencia, y pide a la Delegación del Gobierno que informe si la orden se ha cumplido. La alcaldesa de Berga Montse Venturós (CUP) fue condenada a seis meses de inhabilitación por negarse a retirar la estelada del Ayuntamiento.

A no ser que quiera incurrir en un delito de desobediencia, lo que ha evitado hasta ahora pese a sus inflamados discursos, Quim Torra debería acatar la resolución de la JEC, llena de sentido común. Imitaría así a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que accedió a retirar el lazo amarillo de la fachada del Ayuntamiento horas antes de que se cumpliera el primer plazo y a la vista de la opinión favorable del secretario general de la alcaldía. El Ayuntamiento justificó la retirada para «contribuir a generar un debate electoral sereno y constructivo». De eso se trata, efectivamente, y por eso Torra debe retirar los símbolos partidistas.