WLw os jefes de Estado y de Gobierno de los 27 países de la Unión Europea (UE) han alcanzado un acuerdo para un tratado de reforma con el que deben superar la azarosa crisis de crecimiento e identidad, acelerada por el rechazo de la Constitución por Francia y Holanda en los referendos del 2005. Fiel a la tradición, el proceso integrador avanza por impulsos con una lentitud que exaspera a sus más fervientes partidarios, los abogados de la federación, tanto como alarma a los euroescépticos, que desean no ir más allá de la mera concertación entre estados. El acuerdo de Lisboa es un nuevo compromiso laborioso que recoge la mayor parte de la fallida Constitución, en lo que concierne a las instituciones, para evitar la parálisis, pero elimina tanto la simbología supranacional como la retórica federalizante; renuncia a crear un nuevo orden jurídico y se limita a la revisión de los tratados vigentes. En el terreno de las declaraciones, el anfitrión y primer ministro luso, José Sócrates, y el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, opinaron que el Tratado abre una nueva era en la Unión y la refuerza ante las exigencias de la globalización. Durao Barroso anunció que la Comisión coordinará con los Estados miembros acciones para explicar a los ciudadanos el contenido del documento --algo fundamental--, con vistas a los procesos de ratificación, aunque no entrará en los debates nacionales que pueda suscitar la cuestión.

El tratado simplificado conserva los excesos de extensión y lenguaje críptico de la Constitución a la que sustituye, pero solo plantea los problemas. El presidente estable del Consejo, para un período de 30 meses, carece de auténtico poder ejecutivo, y el jefe de la diplomacia y política de seguridad, que no se llamará ministro de Exteriores, no podrá contar con un país clave, Gran Bretaña, que mantiene intacta su soberanía. Tras meses de escaramuzas y un deprimente regateo final, las concesiones a Polonia e Italia consagran paradójicamente la primacía de los intereses nacionales, le hegemonía ideológica neoliberal, la fragilidad del núcleo duro y las velocidades de los tres o cuatro bloques que subrayan la heterogeneidad del conjunto. Solo la delegación española se envolvió en la bandera europea para no reclamar parte del poder perdido y renunció a reclamar un eurodiputado más.

El futuro tratado de Lisboa, salvo sorpresa no descartable en la ratificación, entraré en vigor en el 2009 y es un gran paso para introducir racionalidad en el funcionamiento de las instituciones y mantener vivo el espíritu fundacional de una unión cada día más estrecha entre sus miembros. Satisface a los pragmáticos, pero constituye una dolorosa transacción para los que aspiraban a una empresa política de altos vuelos. El cónclave lisboeta diseñó un itinerario para hacer de la UE un actor principal en un mundo cada día más conflictivo, pero el alcance de ese triunfo precario de Europa deberá ser refrendado por los hechos.