España es el país de Europa, después de Italia, en el que el covid-19 avanza con más velocidad. Se trata, en palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de una emergencia sanitaria de la que quedan por delante «semanas difíciles y duras». Ante esta realidad, el Gobierno, en coordinación con la Comisión Europea, ha impulsado una amplia batería de medidas en los dos frentes de la crisis: el sanitario y el económico. Medidas, como enfatizó Sánchez, basadas en el momento actual , y que pueden varias según como evolucione la epidemia.

En el ámbito sanitario, es crucial cortar la cadena de contagio para evitar una saturación del sistema sanitario y que el coronavirus afecte a los colectivos más vulnerables, sobre todo los ancianos. Ayer se tomaron medidas de amplio espectro: la suspensión de todos los viajes del Imserso durante un mes, la obligación de jugar a puerta cerrada todos los encuentros deportivos de gran afluencia durante las próximas dos semanas, la suspensión de todos los vuelos que conectan España e Italia... A ello se le suman las medidas adoptadas en las zonas de mayor incidencia del virus (Madrid, Vitoria, Labastida, La Rioja), como la suspensión de las clases en todos los niveles educativos o la prohibición de celebrar actos que congreguen a más de mil personas.

En el terreno económico, Sánchez anunció un plan de choque que incluirá medidas de protección a las familias afectadas por el cierre de centros educativos; garantizar el suministro de medicamentos y acceso a material sanitario; acciones para proteger el empleo en sectores que sufren caídas temporales de demanda; abrir líneas de crédito para asegurar la liquidez de las pequeñas y medianas empresas; y medidas específicas para el turismo y el transporte. Todo ello, en obligada coordinación con los agentes sociales y la UE. La presidenta de la CE, Ursula von der Leyen, anunció la movilización de hasta 25.000 millones de euros. La flexibilidad del Pacto de Estabilidad y excepciones a las ayudas al Estado son medidas razonables a nivel comunitario dada la magnitud de la crisis.

Es innegable que el virus afecta de forma directa a las rutinas de vida de toda España, y es de temer que estas disrupciones vayan en aumento. Para una correcta gestión de la epidemia por parte de las autoridades es capital la unidad. La información, la coordinación, la transparencia y el difícil equilibrio entre trabajar en la prevención y no caer en el alarmismo son las obligaciones de los gobernantes. La de los ciudadanos es colaborar con las medidas preventivas y entender y aceptar las disrupciones que van a proliferar aún más. Solo así se puede luchar contra el contagio. Está en juego la salud pública y el bienestar de los ciudadanos.