Tras dejar pasar unas semanas para que el ambiente social no esté tan determinado por la pulsión emocional del momento, creo que es bueno reflexionar sobre lo ocurrido con el debate sobre la prisión permanente revisable, justo durante aquellos días en que el niño Gabriel Cruz, de ocho años, fue asesinado por la pareja sentimental de su padre.

Ser víctima de cualquier hecho desgraciado merece la atención y el cuidado de la sociedad. La política existe para muchas cosas, pero todas tienen como objetivo final la felicidad del cuerpo social, y eso incluye hacerse cargo del dolor de uno de los nuestros y poner de su parte todo aquello que sea necesario para mitigar el dolor.

También forma parte de la política analizar si el hecho desgraciado que convierte a alguien en víctima podría haber sido evitado. Si así fuera, es obligación de los poderes públicos poner al alcance de la administración todos los recursos humanos y económicos posibles para que tales hechos desafortunados no vuelvan a ocurrir.

Por otro lado, ser víctima de una desgracia pone en marcha una serie de mecanismos psicológicos en quien lo sufre que, tal como la ciencia ya ha estudiado, provoca que esa persona no esté en su mejor momento para llevar a cabo juicios objetivos y análisis rigurosos de la situación. En el caso de que la víctima lo sea por el daño voluntario de otra persona, es decir, que haya un verdugo, aparece la idea de justicia imparcial porque se considera que la víctima no puede ni debe enjuiciar a su verdugo, pues en ese caso lo más probable es que la justicia se convirtiera en venganza.

Por tanto, existe una diferencia muy importante entre atender y cuidar a la víctima, al tiempo que se analizan las causas de su desgracia en la búsqueda de posibles soluciones políticas, y dejar que sea la víctima quien marque el ritmo de toda la sociedad a partir de su desafortunado caso particular.

Las personas y las sociedades tendemos a la victimización porque, aunque doloroso, el espacio psicológico en el que nos instalamos como víctimas puede acabar siendo también una zona de confort. Los peligros personales de quedarse en ese rol de víctima pueden ser tratados por psicólogos, y en el caso de las sociedades deben ser los políticos responsables los que eviten que se produzca ese peligrosísimo proceso.

Es procedente recordar que el nazismo pudo alcanzar su enorme popularidad en la Alemania de los años treinta del siglo pasado porque Adolf Hitler convirtió la victimización de la sociedad alemana tras la humillación en la I Guerra Mundial en el centro del debate público. Una vez que convenció a una parte importante de la sociedad alemana de que todas sus desgracias se debían a ser víctimas, bastó apuntar a los judíos como verdugos; a partir de ahí solo quedaba construir un mecanismo electoral, político y administrativo para buscar una solución final al problema.

Pongo este ejemplo extremo para que se comprenda hasta qué punto es peligroso el proceso de victimización, y hasta qué punto la política debe responsabilizarse de evitarlo.

En España hemos vivido durante años el doloroso proceso de la violencia etarra, con cientos de muertos y daños colaterales. Nuestra sociedad pasó de desatender por completo a las víctimas a convertirlas en el centro de la política antiterrorista. Lo primero es injusto. Lo segundo es perverso, como se podía comprobar cada vez que un partido arrojaba sus muertos a la cara de otro.

Del mismo modo, las madres y los padres de sus descendientes asesinados no pueden convertirse en quienes legislen las penas. Hay que escucharles, atenderles, cuidarles y apoyarles, pero el cuerpo jurídico español debe ser construido con coherencia por políticos y juristas. Si existe o no prisión permanente revisable no debería ser una decisión en la que pese más el dolor legítimo de las víctimas que la lógica política y jurídica.

Las víctimas no llevan razón por ser víctimas. Es importante que tengamos esto claro para que no convirtamos las decisiones que nos afectan a todos en un espacio de exaltación emocional, por encima de la racionalidad exigible a quienes representan en las instituciones a toda la ciudadanía por igual.

* Licenciado en Ciencias de la Información