El Gobierno Rajoy acaba de proporcionarnos una de las escasas alegrías que desde allí nos vienen. El Consejo de Ministros ha aprobado la declaración como obligación de servicio público (OSP) de los vuelos desde el aeropuerto de Badajoz con Madrid y Barcelona. Esto no es que garantice la continuidad de la línea aérea, que lo iba a estar por la vía tradicional de un contrato Junta-compañía aérea, pero es el reconocimiento explícito, público y oficial por escrito de un déficit de comunicaciones de la comunidad con el resto de España.
Con ello el Ministerio de Fomento y el Gobierno admiten una deuda para con Extremadura, que comienzan a pagar mediante una declaración -como la existente en los vuelos Almería-Sevilla- que supone plena cobertura legal ante las directivas europeas sobre la competencia para subvencionar de manera oficial los transportes públicos en un territorio mal comunicado.
No solo se trata de eliminar atajos legales como el actual de un contrato de publicidad Junta-compañía aérea, sino que y no menos importante esta declaración del Ministerio de Fomento es un aval para mejorar la calidad de los vuelos existentes, y conseguir en los aeropuertos de Barajas, o El Prat, unos buenos horarios de entrada y salida al objeto de hacer estas operaciones aéreas útiles para viajes de negocios y trabajo, el poder ir y venir en el día, algo que actualmente no dan nuestras relaciones ferroviarias con algo tan cercano como Madrid.
Ya se anuncian por tanto, dentro del concurso público al que podrá optar cualquier compañía de la Unión Europea, frecuencias que lo harán posible con precios de 90 euros por trayecto con Madrid y 110 con Barcelona; actualmente con la ciudad condal, y comprando con un mes y medio de antelación, se consiguen billetes de ida y vuelta a 150 euros, un precio interesante para una distancia de casi 1.000 kilómetros en cada sentido.
LA DECLARACIÓN de OSP en principio y por los presupuestos publicitados de licitación supondrá un desembolso mayor para las arcas regionales, que son las que pagan, y tendrá para las compañías -ahora hay que esperar a que les interese el contrato- el aliciente de la seguridad en su actividad económica al contar con un amparo legal más sólido y estable del que ahora existía, lo que a su vez les permitiría hacer ofertas comerciales más atractivas e impulsar esa rueda económica: a mejor oferta mayor demanda, y viceversa, del que ya fue ejemplo la época de Helitt aunque se demostró que no tenía bases solventes.
En su día el presidente Juan Carlos Rodríguez Ibarra confesaba tener unas buenas relaciones con el entonces ministro de Fomento de Aznar, Francisco Álvarez Cascos, y aquello cuajó entre otros puntos en el impulso a la autovía Ruta de la Plata Gijón-Sevilla que fue Extremadura la primera comunidad en la que estuvo completamente terminada. En la actualidad las pocas alegrías procedentes de Madrid vienen del actual ministro, Íñigo de la Serna, que cumple como puede los compromisos públicos que va lanzando, y ya es de agradecer que les ponga fechas que es lo que hay que hacer, aunque se encontró tantos agujeros imposibles de satisfacer y hay ya retrasos como ha señalado esta semana el Club Sénior de Extremadura.
La movilización popular de noviembre con 40.000 personas, la comisión de seguimiento Junta-Gobierno, y la presión social de entidades como el Club Sénior son absolutamente necesarias y se están mostrando razonablemente eficaces para conseguir en el entorno del 2025 -el tren de altas prestaciones no deja de ser un parche cara a la galería- no solo unas comunicaciones ferroviarias de velocidad alta, no AVE, que como también ha reclamado la comisaria europea de Transportes deben unir Madrid y Lisboa en una relación adecuada coste-calidad-precio a velocidades máximas del entorno 220-280 kilómetros por hora, sino unos enlaces adecuados con Puertollano y Sevilla, ninguno de los cuales hay que olvidar.
