WLw a provincia de Badajoz y parte del sur de Cáceres sufrieron ayer un apagón telefónico durante varias horas (unas dos horas en el caso de una mayoría de teléfonos fijos y cuatro en el caso de las líneas ADSL y los móviles). Varias decenas de miles de usuarios (240.000 abonados, según los datos que facilitó el Ministerio de Industria) no pudieron comunicarse durante esta franja importante del día. Según la compañía, todo se debió a una aciaga coincidencia: dos excavadoras rompieron, en sendos puntos de la provincia de Sevilla, dos cables de fibra óptica, dándose la circunstancia de que la segunda rotura tuvo lugar esta mañana en Almadén de la Plata, cuando todavía no había dado tiempo a los técnicos de Telefónica a reparar la primera, que se produjo en la tarde de ayer en Los Rosales. En consecuencia, tanto la primera línea como la prevista de respaldo estaban fuera de servicio.

No hay por qué dudar de las explicaciones dadas por el director territorial de Telefónica, Enrique Bonet, en Mérida, ni de la diligencia que sus empleados hayan puesto en reparar la avería, pero es incuestionable que lo ocurrido ayer es inadmisible en una sociedad donde las tecnologías de la información y comunicación están a gran nivel, o así se supone. Puede alegarse que se trata de un incidente rarísimo, donde la mala suerte ha jugado su papel. Sin duda es así, pero solo hay algo seguro: que lo más improbable ocurre alguna vez y que una compañía de la solvencia financiera de Telefónica de España, una de cuyas últimas noticias es que el Gobierno la investiga junto a Vodafone y Orange por concertar precios, debería tener alternativas a la eventualidad de que dos líneas se rompan a la vez. Porque un apagón telefónico como el sufrido ayer por una parte significativa de Extremadura es un asunto extraordinariamente serio: nada menos que afecta a la vulnerabilidad de la sociedad. Durante horas, los servicios de emergencia, policía, etc. estuvieron comunicados entre sí por un canal de emergencia puesto en marcha por la Delegación del Gobierno, pero no con los ciudadanos, que debieron sentirse desprotegidos si solicitaron su servicio y no lo pudieron obtener, como ocurrió al personal de una farmacia de la barriada pacense de San Roque, que justamente le fueron a atracar cuando no había línea para llamar a la policía.

Enrique Bonet manifestó ayer que el apagón telefónico da derecho a que los consumidores reclamen, pero ese derecho es, en la práctica, más virtual que efectivo, porque solo el proceso de reclamación es más costoso, en tiempo y dinero, que el perdido con la interrupción de las comunicaciones. Además, la mayoría de las veces, es imposible de traducir a dinero. Solo las empresas que se vieron incomunicadas durante horas y que disponen de equipos jurídicos solventes, estarán en óptimas condiciones de reclamar los daños y perjuicios a los que tengan derecho.

También hay que exigir responsabilidades judiciales a los constructores que provocaron las averías si, como se confirma, actuaron negligentemente sin consultar los mapas de canalizaciones subterráneas antes de iniciar los trabajos.