El acuerdo alcanzado por la vicepresidenta María Teresa Fernández De la Vega y el líder de Iniciativa (ICV), Joan Saura, para que sea Pedro Solbes y no José Luis Rodríguez Zapatero quien comparezca este mes en el Congreso de los Diputados para explicar la posición del Gobierno ante la nueva financiación autonómica ha supuesto un alivio para el Ejecutivo central, pero también para buena parte de la oposición. Esta no podía ocultar su incomodidad por tener que coincidir con el Partido Popular, cuyo objetivo único es cuestionar la política autonómica del PSOE.
Finalmente, el Gobierno se ha salido con la suya y Zapatero no comparecerá para explicar --como se pretendía inicialmente desde Cataluña-- por qué se está inclumpliendo el calendario del Estatut. Solbes no hablará, por tanto, de esta cuestión sino de "la estrategia y los criterios" del nuevo modelo de financiación autonómica, una cuestión de interés general de la que están pendientes desde hace meses todas las comunidades españolas.
De esta forma, Joan Saura ha logrado un compromiso para garantizar que la negociación con el Gobierno central no se eternice. Antes de tres meses debe haber "un pacto definitivo" sobre financiación, que responda al contenido de todos los estatutos autonómicos, no solo del catalán, según la nota hecha pública por ICV. Esta generalización supone, sin duda, un avance importante.
La necesidad de que la negociación no se limite a la reclamación catalana, para evitar menosprecios al resto de regiones, aparece de nuevo en el párrafo siguiente, cuando se alude al necesario diálogo "tanto bilateral como multilateral" para encontrar una solución a la financiación "de Cataluña y de todas las comunidades autónomas".
Aunque los partidos catalanistas pasan de puntillas sobre esta cuestión, lo cierto es que la negociación multilateral es inevitable y necesaria bajo cualquier punto de vista, pues es el Consejo de Política Fiscal y Financiera --del que forman parte el Gobierno y todas las autonomías-- el que debe dar el visto bueno a la modificación del modelo de financiación del régimen común (todas las comunidades, excepto las forales). No es realista ni bueno para España confiar, como han pretendido los partidos catalanistas, en una alianza del Gobierno y la Generalitat (y quizá Baleares y Valencia) para sacar adelante un modelo con la oposición del resto.
Tras los tiros de fogueo de las últimas semanas es de destacar el compromiso del Gobierno de cerrar el pacto antes de final de año y recogerlo en el Presupuesto. Es fundamental que las comunidades autónomas sepan a qué atenerse el año próximo.
