Las seis comunidades autónomas gobernadas por el PSOE anunciaron ayer la posibilidad de recurrir ante el Tribunal Constitucional 15 de los artículos de la Ley de Calidad de la Enseñanza al entender que invaden sus competencias. Además, "obligarán" al Ministerio de Educación a convocar la Conferencia Sectorial, una vez que el reglamento de dicho órgano recoge la obligatoriedad de celebrar dicha reunión si seis comunidades lo solicitan.
Ambas decisiones fueron trasladadas ayer a los medios por la consejera de Educación de la Junta, Cándida Martínez, tras reunirse con los consejeros de Educación de Aragón, Eva Almunia, de Baleares, Damiá Pons, de Castilla-La Mancha, José Valverde, y de Extremadura, Luis Millán Vázquez de Miguel, así como con el viceconsejero del Principado de Asturias, José Luis Iglesias.
Los representantes de Educación de las citadas seis comunidades coincidieron en la posibilidad de recurrir 15 artículos de la Ley de Calidad por "invadir" competencias autonómicas, si bien no especificaron el contenido de los mismos. Los consejeros perfilarán el argumento del recurso y trasladarán un informe a sus respectivos gobiernos para que éstos "presenten los oportunos recursos ante el TC", indicó Martínez.
En este contexto, los dirigentes socialistas debatieron durante la reunión de esta mañana acerca de los "problemas" que la Ley de Calidad acarreará al sistema educativo, resaltando, junto a los preceptos que pueden invadir competencias, "cuestiones que en la práctica pueden mermar el derecho a una educación de calidad en igualdad".
Igualmente, denunciaron que la norma "remite cuestiones básicas a reglamentos posteriores, con la incertidumbre que esto genera", poniendo como ejemplo la regulación de los niveles de enseñanza, las pruebas de acceso a Formación Profesional o lo relativo a la Prueba General de Bachillerato.
La reunión, que se mantiene hoy, también resolvió pedir al Gobierno la celebración de una Conferencia Sectorial y un análisis del desarrollo que las comunidades harán de la Ley de Calidad, en el ejercicio de sus competencias y ante la "dejación del Gobierno de convocar el órgano en el que estamos todos representados".
