La Audiencia Provincial de Cáceres desestima el recurso de apelación presentado por el constructor placentino José Antonio Romero Vega contra el auto dictado el pasado 15 septiembre por el juez que instruye el caso de supuestas irregularidades en la adjudicación de siete obras públicas.
En esa fecha, el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 4 de Plasencia dictó un auto de apertura de procedimiento penal abreviado contra siete de los nueve imputados inicialmente.
En el mismo, el juez exoneraba de "cualquier tipo de responsabilidad penal" al interventor y al secretario municipal, Roberto del Olmo y Antonio Jesús Santibáñez, respectivamente.
El constructor Romero Vega; la ex alcaldesa de Plasencia, Elia María Blanco; los concejales Francisco Barbancho y Mónica García; y los ex concejales Enrique Tornero, Blas Raimundo, y Pablo Antonio Sánchez; tuvieron una actuación, según el juez, que puede ser constitutiva de delito y, por lo tanto, los mantiene en el proceso penal.
En este sentido, la defensa de Romero Vega interpuso un recurso de reforma contra el auto del 15 de septiembre, que fue desestimado, interponiéndose contra esta resolución recurso de apelación ante la Audiencia Provincial.
Así, fuentes cercanas al caso han confirmado hoy a Efe que la Audiencia Provincial de Cáceres ha desestimado el recurso de apelación presentado por el constructor contra el auto dictado el pasado 15 septiembre por el juez que instruye el caso de supuestas irregularidades en la adjudicación de obras.
Hasta el momento, la Audiencia ha desestimado cuatro de los siete recursos presentados las defensas de los siete imputados al entender que el juez tiene razón cuando dice que existen indicios de la presunta comisión de infracciones penales.
De esta forma, es previsible que los tres recursos que quedan pendientes -presentados por los ex ediles Blas Raimundo, Enrique Tornero y Pablo Sánchez- obtengan la misma resolución por parte de la Audiencia Provincial.
Una vez que se conozca su decisión sobre estos tres recursos terminará el periodo de instrucción y será el Ministerio Fiscal el que tendrá que decidir si presenta escrito de acusación contra los imputados o pide que el caso sea archivado.
Según el auto de 15 de septiembre recurrido por los siete imputados, el magistrado considera que Blanco, Tornero, Raimundo, Barbancho y Romero podrían haber incurrido en delitos de prevaricación, fraude y exacciones ilegales, y trafico de influencias.
En el caso de Mónica García y Pablo Antonio Sánchez, pudieron haber incurrido tanto en un delito de prevaricación como en otro de tráfico de influencias.
Las presuntas irregularidades tienen que ver con el fraccionamiento del importe de siete obras públicas para poder adjudicarlas directamente al constructor imputado y evitar así la licitación pública.
