Las relaciones entre el ayuntamiento y la unión de empresas que gestiona el servicio municipal de aguas no son buenas desde que hace un año la UTE anunció un ERE que afectaba al horario y sueldo de sus 30 trabajadores. Desde entonces, ha habido reclamaciones mutuas que han terminado en el juzgado. Ahora, el ayuntamiento se prepara para una rescisión del contrato a petición de la empresa que ve muy probable que suceda antes de final de año. Por eso, el concejal de Hacienda, José Antonio Hernández, señaló ayer que "la intención es tener todas las ideas sobre la mesa para tener una nueva licitación antes de final de año y contar con una adjudicataria nueva el año que viene".
Hernández afirma que "la UTE del Agua nos ha planteado en muchas ocasiones la resolución del contrato" --que termina en el 2022-- por eso y porque recientemente el juzgado ha dado la razón al ayuntamiento en todas las reclamaciones presentadas por la empresa, una sentencia que la UTE ha recurrido, la previsión del edil es que la empresa solicite la rescisión del contrato antes de que termine el año.
Esto supondría, según subrayó una "resolución anticipada del contrato" y obligaría a la UTE a indemnizar al ayuntamiento por daños y perjuicios y a pagar lo correspondiente a la liquidación del contrato.
¿A cuánto ascenderían esas cantidades? A muchos millones de euros, según dijo ayer el concejal. Para concretar, Hernández ha llevado a la comisión de compras la adjudicación a un auditor independiente, "un ingeniero de Caminos con mucha experiencia en contratas públicas y de servicios municipales", de la redacción de un informe sobre la indemnización por daños y perjuicios que debería recibir el ayuntamiento y sobre lo que le correspondería de liquidación.
Por el primer paso, el informe sobre la indemnización, se pagará al auditor 14.360 euros más IVA y estará listo en aproximadamente un mes. Una vez que se solicite la resolución del contrato por parte de la empresa, el auditor realizará el segundo informe, por el que se le pagarán 3.590 euros IVA incluido.
TRABAJADORES "Las cuestiones a valorar son de una envergadura tal que merece la pena encargar un informe porque el ayuntamiento debe defender sus intereses y garantizar la buena gestión del servicio y la defensa de la plantilla de trabajadores", resaltó el concejal. Precisamente, sobre los trabajadores dijo que quedarían subrogados a la nueva adjudicataria y además, "vamos a reforzar sus derechos en el pliego, que no están lo suficientemente reforzados ahora".
El ayuntamiento ha reclamado a la UTE obras sin ejecutar por 13 millones de euros y a la anterior UTE, con empresas también en la actual, de 575.000 por cánones impagados.
