El concejal de Hacienda, José Antonio Hernández, desveló ayer que el pasado verano, el ayuntamiento recibió un protocolo firmado entre la Junta y el organismo de recaudación de la Diputación Provincial de Cáceres por el que acuerdan el pago de las deudas de IBI con los ayuntamientos de la provincia de Cáceres, una deuda global de 4.300.000 euros.
El edil se congratuló ayer de que se vaya a pagar una deuda pendiente, pero anunció que el ayuntamiento se ha opuesto a esta forma de pago y así se lo ha heho saber por escrito a ambas administraciones.
Primero, porque en el protocolo «no se ha tenido en cuenta a los ayuntamientos implicados, ni en trámite de audiencia», pero, sobre todo, porque no incluye el pago de recargos ni intereses en el caso de las deudas que están ya en periodo ejecutivo de cobro. Señaló a este respecto que en el protocolo se incluyen las deudas del 2012 al 2017 y «nos tememos que, por su cuenta y riesgo, deciden saltarse una obligación que es para todos los ciudadanos, y nos tenemos que oponer».
Así, la junta de gobierno local ya ha aprobado el rechazo a esta forma de pago, en virtud de un informe de Tesorería que afirma que el protocolo «no puede ser aplicado a estas deudas» y que debe aplicarse «el convenio de recaudación y las normas tributarias». Todo mientras el ayuntamiento seguirá compensando la deuda con el canon del agua.
