Silencio sobre la imputación de la concejala regionalista Mónica García, edil de Obras en la anterior legislatura y de Patrimonio en la actual, además de diputada provincial de Deportes. Ni su partido, Coalición Extremeña CREx-PREx, ni el presidente de la diputación provincial, Juan Andrés Tovar, se pronunciaron ayer sobre la citación para declarar como imputada en el presunto caso de corrupción en el ayuntamiento a través del fraccionamiento de obras adjudicadas al mismo constructor.
El coordinador general de su partido en la región y también abogado, Estanislao Martín, indicó ayer: "No vamos a decir nada hasta después de la declaración". La misma actitud mantuvo ayer la concejala, que acudió a una rueda de prensa fijada con anterioridad para anunciar el premio de rehabilitación de la Fundación Pymecon.
Preguntada por su imputación, solo dijo estar "tranquila", aunque rechazó hacer cualquier tipo de declaración.
El único miembro de su partido que sí habló ayer fue su compañero regionalista y concejal de Medio Ambiente, Juan Carlos Herrero, que no dudó en defenderla "a muerte" y alabar su honradez. Herrero no dudó en mostrar su "completa confianza hacia mi compañera y mi apoyo extremo. Estoy afectado porque se vea envuelta en esta situación, pero para mí es y siempre ha sido un referente en política y va a tener mi apoyo permanente porque es una de las personas más honradas que conozco dentro de la política".
Quien tampoco se pronunció ayer sobre la citación judicial fue el presidente de la diputación provincial, que se encontraba en la feria de turismo de Madrid (Fitur).
La concejala tendrá que prestar declaración el próximo día 28 a las nueve de la mañana porque, en su condición de edil de Obras en el año 2007, firmó más de una decena de propuestas de gastos de obras realizadas en la margen derecha del polígono industrial. Por su valor total, superaban el máximo permitido por la ley para un contrato menor, por lo que, y como advirtió el interventor municipal en una decena de estas propuestas, deberían haber salido a concurso público en lugar de adjudicarse a dedo al constructor José Antonio Romero.
PRECIO REAL Y FACTURAS Precisamente, el juez del caso ha pedido también una prueba pericial para que un perito determine si existe un desfase entre el coste real de las obras que se adjudicaron a Romero --las siete investigadas y por valor de un millón de euros-- y el que facturó el constructor imputado.
