Desde el año 2014, la comunidad de propietarios Finca La Vinosilla de Abajo está tratando de regularizar sus viviendas. En el año 2016, el pleno aprobó un convenio suscrito entre el ayuntamiento y los propietarios para iniciar esta legalización a través de una modificación del plan general para catalogar el suelo como urbanizable, de uso residencial. Justo en febrero de este año, la Junta dio luz verde al inicio de los trámites de esta modificación, ya en marcha y, justo este mes, un vecino, Santiago Santos, ha recibido una notificación judicial para tirar su vivienda en tres meses.

Su abogado ya la ha recurrido. «Es injusto que, ahora que va a terminar el proceso, la tenga que tirar. No se consigue nada tirando una» porque en la misma finca hay otras quince y la de Santos es la única que tiene orden de demolición. Pero además, dado que ya está en trámites la modificación puntual del PGM, considera que le supondrá «un coste innecesario porque en seis o siete meses me la podré volver a hacer».

Lo afirma porque, después de estos años de trámites, la comunidad de propietarios ha obtenido ya todos los informes positivos. Del 2017 tiene informes favorables del ayuntamiento sobre la «viabilidad de suministro e infraestructuras municipales» y de la Junta sobre el cambio de catalogación del suelo.

Además, en julio del 2019 y después de tres solicitudes de informe favorable a la Confederación Hidrográfica del Tajo con documentos que tuvo que ir completando, consiguió también el informe favorable de esta.

Así, actualmente está en proceso de revisión por parte de la Junta el documento de inicio para la elaboración del estudio ambiental estratégico de la modificación del PGM. Santos explica que, cuando se resuelva esta fase, se aprobará inicialmente la modificación, que llevará a la provisional y por último a la definitiva por parte de la Junta de Extremadura.

Según los cálculos de la comunidad, ya se han gastado «unos 75.000 euros en documentación» y Santos lleva tres años entregando cada seis meses en el juzgado toda la documentación sobre los trámites de legalización. Entonces el juzgado aplazó el derribo, pero ahora, ha cambiado de opinión al no poder dar el ayuntamiento una fecha exacta de finalización de los trámites.

Santos confía en que, ahora que están en la recta final, el recurso prospere.