La junta local de gobierno, celebrada el pasado 26 de julio, acordó por unanimidad inadmitir la modificación puntual del Plan General Municipal (PGM) de la ciudad presentada por los propietarios de las casas ilegales de la Sierra de Santa Bárbara.
La razón principal y oficial por la que no se acepta esta modificación es que no se ajusta en su contenido «al Informe Ambiental Estratégico emitido por la Dirección General de Medio Ambiente» con fecha de 19 de febrero de 2018, publicada en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) del 20 de marzo de 2018, según se señala en el acta de la junta.
Una vez analizados todos los informes de las modificaciones, la junta de gobierno constata que se mantiene el planteamiento de habilitar las regularizaciones mediante modificaciones puntuales reclasificatorias a suelo urbanizable en corcondancia con la DT 5 LSOTEX; extensión de la posibilidad de regularización de viviendas ilegales al suelo no urbanizable de protección paisajística; supresión de la cota 420 para el alcance de las regularizaciones; eliminación de la obligación de retranqueo lateral para nuevas edificaciones en las zonas de regularización; que se elimina el requisito de exigir acuerdo con al menos el 60% de los propietarios afectados.
El aspecto clave de la modificación «y el que más conflictos puede genera al ayuntamiento» es que se elimina el requisito de justificar que en los ámbitos de regularización las parcelas sin edificar que se incluyan sean menos que el 20% de las totales. Por ello, piensan que lo que plantea la modificación puntual «no es un instrumento de regularización del problema de las viviendas ilegales existentes, sino habilitar la reclasificación a suelo urbanizable de todo el conjunto de la Sierra de Santa Bárbara», según se explica en el acta.
La plataforma de los vecinos ya anunciaron estar «dispuestos a acudir a los tribunales para defender la igualdad de todos los ciudadanos», aseveraron.
