La Audiencia Provincial de Cáceres ha desestimado el recurso de apelación presentado por la ex alcaldesa de Plasencia, Elia María Blanco, para que un informe jurídico que ella mismo encargó (y realizó un bufete privado por un coste de 17.700 euros que Blanco cargó al consistorio) forme parte de la instrucción del caso de las presuntas irregularidades cometidas por el ayuntamiento en las adjudicaciones de varias obras. Al recurso presentado por Blanco se adhirieron otros dos imputados, los ex concejales Pablo Sánchez del Mazo y Enrique Tornero.
El citado informe trata de argumentar que la actuación del interventor municipal, Roberto del Olmo Martínez, tenía también responsabilidad en los hechos que se investigan; donde se explica cómo debe actuar un interventor municipal y cómo debe documentar sus actuaciones, especificando cuál es la diferencia entre reparos y observaciones. El informe no fue admitido por el juez instructor del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 4 de Plasencia, Jerónimo Cano de Lasala, que exoneró de responsabilidad al funcionario del Olmo, junto al secretario, Antonio Jesús Santibáñez Fernández.
Por su parte, el recurso de Blanco fue impugnado por el Ministerio Fiscal, el Partido Popular y el propio interventor municipal; este último alegó que el informe en cuestión hace una "interpretación sesgada" y no tiene en cuenta "la instrucción de los hechos" que se investigan.
El auto de la Audiencia Provincial se apoya en la impugnación del interventor para desestimar el recurso de Blanco, señalando que "son detalles necesarios para resolver con conocimiento de causa". El interventor, en su defensa, señala que Elia Blanco solicitó dicho informe "con cargo al erario público y en un claro beneficio y aprovechamiento propio". Así, el tribunal alega que la documentación que acredita el interventor "conduce a la desestimación del recurso".
Además, el tribunal concluye que el informe "no es útil, ni necesario" ya que se trata de un documento privado, preconstituido y de parte que no engarza con lo investigado y señala que cuando la defensa de la ex alcaldesa dice que el dictamen exculpa a su cliente, "está haciendo una afirmación aventurada y carente de sostén jurídico".
