Empieza la marcha atrás. Antes de final de año hasta 52 de las viviendas sociales ocupadas por el procedimiento de la ´patada en la puerta´ en el polígono de La Data serán desalojadas y acto seguido entregadas a las familias que aguardaban pacientemente su turno en lista de espera. Los desahucios ya tienen la autorización judicial y la Agencia Extremeña de la Vivienda los realizará ya de forma inminente.

El presidente de la agencia, Javier Corominas, reconoció ayer que se ha perdido un tiempo precioso, pero garantizó que las ocupaciones ilegales que han roto la convivencia en el barrio se acabarán con la legislatura. "Mi principal preocupación --dijo-- no es recuperar viviendas, sino la paz social".

Corominas habló más claro que nunca y alertó contra "las procesiones de dramatismo" que a buen seguro escenificarán los desalojados, pero avisó que de quien se debe preocupar la administración es del vecino condenado a convivir "con quien se mete en un piso por la patada en la puerta y vende droga o quien lo utiliza para almacén de zapatos que vender luego en el mercadillo". Pero puso más ejemplos, como el de quien tiene una vivienda social, pero vive en el Rosal de Ayala o como quien posee más de un piso, para destacar con contundencia que "no hablamos de necesidades, sino de abusos, picardías e incluso compra venta de pisos sociales".

ULTIMA OPORTUNIDAD Porque la Ley impide el acceso a una vivienda a quien haya ocupado otra por la fuerza, sólo 30 de los 67 solicitantes tendrán derecho ahora a las que van a ser desalojadas. Quedarán, pues, varias libres y Corominas lanzó un mensaje a quien tenga de verdad necesidad para que desista de meterse por la fuerza y acuda a los servicios sociales. "Que no se llamen a engaños" --advirtió--

También avisó a los inquilinos que no pagan el alquiler que de no probar en los servicios sociales que tienen derecho a reducciones de la cuota o incluso su exención, por escasos ingresos, tener hijos o estar en el paro por ejemplo, se exponen también al desahucio. "Se ha acabado la broma" y añadió que de ser permisivos, a quien se perjudica es al que paga religiosamente.

Corominas atribuyó el retraso en todo esto a que a su vuelta al cargo se encontró con que había que actualizar los expedientes. "Pero no me va a volver a pasar. Me queda escasamente un año y medio para dejar las cosas cerradas y cuando me marche así será". Así destacó que será posible gracias al apoyo del ayuntamiento y "la colaboración inestimable" de Carmen Blázquez, la edil de Barrios.