La exalcaldesa de Plasencia y actual edil del grupo socialista, Elia María Blanco, acusada de varios delitos de prevaricación, continuado de fraude y tráfico de influencias, ha negado hoy todos los hechos y ha afirmado que "en absoluto" se fraccionaron obras para beneficiar a un constructor local.
La exalcaldesa ha declarado en el juicio que ha comenzado hoy en el Juzgado de lo Penal de Plasencia y que se desarrollará a lo largo de los próximos tres días, ejerciendo la acusación el Ministerio Fiscal y el PP como acusación particular.
Además de Blanco, se sientan en el banquillo los concejales Francisco Barbancho (PSOE) y Mónica García (Prex-Crex), los exediles socialistas Enrique Tornero, Blas Raimundo y Pablo Sánchez del Mazo (abogado de profesión que se representa a sí mismo), y el constructor local José Antonio Romero Vega.
Este proceso judicial tiene su origen en una investigación iniciada por el Grupo Municipal Popular al comienzo de la pasada legislatura en torno a posibles irregularidades en el manejo de fondos municipales, que tienen que ver con el fraccionamiento del importe de siete obras públicas para poder adjudicarlas directamente como contrato menor al constructor acusado y evitar así la licitación pública.
La fiscalía tratará de demostrar que el constructor, dada su "afinidad ideológica" con el resto de acusados se sirvió de las relaciones entabladas con los mismos con el fin de lograr que le adjudicaran siete obras públicas.
Y que, a su vez, los acusados se valieron de su posición en el Consistorio para conseguir la tramitación fraudulenta del procedimiento de adjudicación de contratos y encomendar así al empresario dichas obras a cargo del Ayuntamiento, de cuya ejecución, el empresario obtuvo un beneficio de aproximado de 306.198 euros.
Durante su interrogatorio a la exalcaldesa, el fiscal ha hecho hincapié en la existencia de reiteradas observaciones realizadas por el interventor municipal alertando de la ilegalidad que se estaba cometiendo, observaciones que Elia Blanco ha asegurado desconocer y no haber visto hasta el inicio de la investigación judicial.
"El interventor nunca me advirtió de ninguna ilegalidad ni por escrito ni de viva voz en relación con las obras", ha indicado Blanco antes de declarar que en ninguna de las siete obras investigadas ella considera que se fraccionara su gasto para evitar sacarlas a licitación pública y beneficiar así a Romero Vega.
Por lo que respecta a las cuestiones previas, la juez ha admitido la petición de la defensa de Elia Blanco para que declaren en el juicio como testigos los dos miembros del PP que iniciaron la investigación, el actual portavoz del Grupo Parlamentario del PP en la Asamblea de Extremadura, Miguel Cantero, y el edil placentino Isidro Díaz, al objeto de determinar cómo obtuvieron la información que sustentó el informe que presentaron ante la Fiscalía.
La Fiscalía pide tres años y seis meses de cárcel, 25 años de inhabilitación y multa de 550.000 euros para Elia María Blanco por los delitos de prevaricación, continuado de fraude y tráfico de influencias en varias operaciones de adjudicaciones de obras públicas.
De igual forma, ha solicitado la misma pena para Francisco Barbancho, Enrique Tornero, y Romero Vega, aunque en este caso las multas se cifran en 520.000, 460.000, y 470.000 euros, respectivamente.
Además, la Fiscalía ha pedido 2 años y 6 meses de prisión, 23 años de inhabilitación y una multa de 75.000 euros para el exedil Blas Raimundo por los delitos de prevaricación, fraude y tráfico de influencias.
Por último, ha solicitado un año de cárcel, 16 de inhabilitación y multas de 45.000 y 28.000 euros para el también ex edil Pablo Sánchez, y la actual concejala regionalista Mónica García, respectivamente, por los delitos de prevaricación y tráfico de influencias.
