La Fiscalía Provincial considera que no existen indicios de "ilícito penal" en relación a la denuncia que el portavoz de Convergencia por Extremadura, Javier Caso, interpuso contra el ayuntamiento por un presunto delito de contaminación acústica.
En su momento, Caso denunció "la impasibilidad de la alcaldesa de Plasencia ante las reiteradas denuncias sobre ruidos que le han sido presentadas por los vecinos de la zona centro de la ciudad e incluso difundidas por los medios de comunicación, así como su indiferencia ante los estudios visados por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicaciones (COITT), que reconocen técnicamente que hay un exceso de ruidos, que supera lo permitido, fuera del horario de apertura".
En el escrito de diligencias de investigación penal llevadas a cabo por la fiscalía se hace constar que, ante la denuncia formulada por Caso, el 27 de septiembre de 2010, se inició una investigación recabando la información relativa a la actividad, que el consistorio había venido desarrollando en los últimos años.
De esta forma, la fiscalía constata que existen "numerosas quejas de ciudadanos ante la policía local y en menor número ante el ayuntamiento", recabadas desde principios de 2009 y hasta el 15 de noviembre de 2010. En estas quejas, según la fiscalía, se manifiestan las "molestias e incomodidades que provoca el paso de personas hacia el botellón y la música de los bares de la zona centro fuera del horario permitido".
En respuesta a dichas quejas, constan, según la fiscalía, numerosas actas levantadas por la policía local por incumplimiento de horarios por parte de varios establecimientos, así como múltiples actuaciones de control de ruidos. De igual forma, se hace mención al precinto de distintos establecimientos, a las órdenes escritas que el concejal de Interior, Francisco Martín, remitió a la policía local para que se ejerciera control sobre los horarios y el nivel de ruidos, así como las reuniones llevadas a cabo en materia de lucha contra el ruido y el botellón , por parte del consistorio y diversos colectivos.
La fiscalía hace constar que, según informó el gabinete Jurídico del ayuntamiento, a fecha 24 de noviembre de 2010, "no existe demanda presentada en materia de ruido ambiental", e informa de una serie de expedientes sancionadores incoados contra varios locales, así como comprobaciones de la policía local de la efectividad de los precintos ordenados por la alcaldía. Por todo ello, la fiscalía aduce que no existe prevaricación por parte de la alcaldesa, puesto que ha de existir "omisión de resolución, entendiendo por tal cualquier acto administrativo".
REACCIONES Para Javier Caso, los ciudadanos "debemos seguir combatiendo esta realidad de los excesos de ruidos que padecen muchos vecinos, bien a través de los juzgados o bien a través de la sustitución de los actuales responsables políticos. Si no existe demanda" --añade Caso-- "debemos plantearla, porque ningún partido político que haya pasado por la alcaldía, ha conseguido solucionar este problema".
