El consejo local de IU atribuyó ayer la decisión del ayuntamiento de rescindir el contrato a la arrendataria del bar de San Miguel a una "venganza del señor alcalde a raíz de que esta mujer denunciara públicamente la falta de seguridad del local" basándose en que la notificación municipal llegó el 14 de enero cuando el contrato se renovó automáticamente al no haber sido denunciado antes del 31 de diciembre por el ayuntamiento. Fernando Navarro insistió en que mientras por escrito, el ayuntamiento se basa únicamente en la cláusula de los plazos de renovación, públicamente ha dicho que lo extingue por incumplimiento de contrato visto que el centro cívico no estaba siendo mantenido limpio por la arrendataria.
"Si de verdad tenían la pega de que no estaba tan limpio debían haberlo comunicado antes y no hacerlo justo después de que saliera esta mujer hasta en prensa", sentenció Navarro.
