TLta comercialización de participaciones preferentes y obligaciones subordinadas ha dado lugar a uno de los mayores fraudes de los últimos tiempos, lo que ha supuesto un profundo descrédito de nuestro sistema financiero y ha provocado una falta de confianza de los ahorradores de cara a inversiones futuras.

Para sintetizar, diremos que las participaciones preferentes son instrumentos financieros complejos; un híbrido entre una acción y un bono. Sus primas hermanas, las obligaciones subordinadas, son valores de renta fija, con fecha de amortización, pero con escasa liquidez. Al ser inversiones especulativas, no están garantizadas por el Fondo de Garantía de Depósitos. En definitiva, productos no aptos para ahorradores corrientes.

Por error o deficiente información, la mayoría de los suscriptores pensaba que eran depósitos a plazo, a cuya adquisición les indujo la oferta de un alto interés. Este ha sido el gancho utilizado, casi siempre con la errónea información de la posibilidad de una fácil desinversión.

Se trata, pues, de instrumentos pensados para inversores con experiencia. Y, en cambio, la mayoría de los compradores han sido pequeños ahorradores sin formación ni información, o de avanzada edad. Si a eso añadimos que los organismos reguladores han incurrido en una clara dejación de funciones, el fiasco estaba asegurado.

En la mayoría de los casos, se evidenciará un vicio del consentimiento y podrán impugnarse los contratos ante los tribunales. Pero dada la condición de las personas afectadas, muchas de avanzada edad o en situación crítica, se echa en falta más sensibilidad por parte del Gobierno, por lo que sería recomendable que todos los grupos políticos tomaran la iniciativa para arbitrar soluciones que permitieran solventar el problema, bien dando a dichas inversiones la consideración de depósitos, y así poder aplicar las garantías previstas, u obligando a las entidades emisoras a recomprarlas. En suma, por una vez, ayudar al pequeño ahorrador en vez de a la Banca.