Hubo una notoria y manifiesta sustracción de caudal público". Eso es lo que asegura el titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Plasencia, Jerónimo Cano de Lasala, que ha detectado en la investigación sobre la adjudicación de determinadas obras durante el tiempo en que Elia Blanco ha sido alcaldesa de Plasencia. La frase se recoge en un auto judicial hecho público ayer y que se refiere a la investigación que ha llevado a cabo del comportamiento de la exalcaldesa, cinco concejales de sus gobiernos y el constructor José Antonio Romero Vega, en relación con las adjudicaciones de diferentes obras de la ciudad a este último por parte del Ayuntamiento.

Como se recordará, este juzgado ha instruido durante meses la citada causa. Lo averiguado durante la instrucción se recoge en el auto difundido ayer y del que se concluye que el juez cree haber encontrado indicios para imputar a Elia Blanco y los concejales Blas Raimundo, Enrique Tornero, Francisco Javier Barbancho y al constructor José Antonio Romero Vega delitos de prevaricación, fraude y exacciones legales y tráfico de influencias. A los también exconcejales Mónica Díaz y Pablo Sánchez del Mazo les imputa los delitos de prevaricación y tráfico de influencias, (no de fraude y exacciones legales) mientras que a los otros dos imputados en esta causa, el interventor Roberto del Olmo Martínez y el secretario Antonio Jesús Santibáñez Fernández, los exonera de responsabilidad penal.

SUSTRACCION DE DINERO Lo más novedoso del auto no son, sin embargo, los delitos que les imputa a los investigados, sino el levantamiento de la responsabilidad penal al interventor y al secretario y, sobre todo, la acusación de la sustracción del dinero público que se deriva de los hechos investigados. La frase entrecomillada que inicia esta información está incluida en un párrafo que textualmente dice así: "Es cierto y resulta indubitado que en la ejecución de la totalidad de las obras enjuiciadas, con la excepción de las realizadas en el polígono margen derecha y las de la pista de 'La Data', hubo una notoria y manifiesta sustracción de caudal público, de conformidad al informe pericial obrante en las actuaciones, atendiendo o tomando de base los precios de la Junta de Extremadura que están por encima de los precios de mercado".

A continuación, el juez señala que "a lo largo de la investigación ha resultado imposible, de conformidad a la averiguación patrimonial y posterior registro de intereses, indagar el destino del importe sustraído, si bien resulta indubitado y suficientemente acreditado que en la ejecución de tales obras se distrajo una cantidad significativa del erario público".

El auto difundido ayer es de preparación de la apertura de juicio oral, con lo que acaba la fase de instrucción, y para la cual pide a la Fiscalía y a la acusación particular que, en el plazo de diez días, soliciten la citada apertura formulando escrito de acusación o de sobreseimiento de la causa o, si es el caso, pidan alguna diligencia más para tipificar los hechos.

El juez Cano de Lasala desgrana la responsabilidad de cada imputado. Así, del exconcejal de Obras Blas Raimundo dice que firmó la propuesta de gasto para los trabajos de acondicionamiento del aparcamiento de 'La Isla' así como las facturas derivadas de ello con el consiguiente fraccionamiento, tramitando como contrato menor (es decir, por debajo de 50.000 euros) una obra cuya cuantía ascendía a casi 93.000 euros, "girando las pertinentes facturas o ejecuciones a favor del empresario José Antonio Romero Vega, dándoles a todas ellas el visto bueno, aprovechándose de la relación y trato de favor existente entre ambos".

De igual modo procedió el exconcejal de Deportes Enrique Tornero, fraccionando las facturas y tramitándolas como contrato menor las obras de la pista de motocross, que ascendían a 104.000 euros; las de la piscina climatizada de Sor Valentina Mirón, cuyo importe era de 130.000 euros; las de la ciudad deportiva, "donde permitió en connivencia con el constructor la emisión de facturas con con