El Juzgado de lo Penal de Plasencia ha señalado para los días 11, 12, 13 y 14 de noviembre la vista oral del denominado "Caso Plasencia", en el que están acusados seis representantes políticos, entre ellos la exalcaldesa Elia María Blanco y un constructor local, como supuestos autores de un delito de prevaricación.
Según indica fuentes judiciales, el juicio se desarrollará en el nuevo Palacio de Justicia de la capital del Jerte, cuyas instalaciones se estrenarán el próximo día 25 de este mes con el traslado a las mismas del juzgado de guardia.
De esta forma, se sentarán en el banquillo la exalcaldesa y actual edil del grupo socialista, Elia María Blanco, los ediles Francisco Barbancho (PSOE) y Mónica García (PREx-CREx), los exediles socialistas Enrique Tornero, Blas Raimundo y Pablo Sánchez del Mazo, y el constructor local José Antonio Romero Vega.
La Fiscalía de Cáceres ha pedido tres años y seis meses de cárcel, 25 años de inhabilitación y multa de 550.000 euros para Elia María Blanco por los delitos de prevaricación, continuado de fraude y tráfico de influencias en varias operaciones de adjudicaciones de obras públicas.
De igual forma, ha solicitado la misma pena para Francisco Barbancho, Enrique Tornero, y Romero Vega, aunque en este caso las multas se cifran en 520.000, 460.000, y 470.000 euros, respectivamente.
Además, la Fiscalía ha pedido 2 años y 6 meses de prisión, 23 años de inhabilitación y una multa de 75.000 euros para el ex edil Blas Raimundo por los delitos de prevaricación, fraude y tráfico de influencias.
Por último, ha solicitado un año de cárcel, 16 de inhabilitación y multas de 45.000 y 28.000 euros para el también ex edil Pablo Sánchez, y la actual concejala regionalista Mónica García, respectivamente, por los delitos de prevaricación y tráfico de influencias.
El 15 de septiembre de 2011, el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 4 de Plasencia dictó un auto de apertura de procedimiento penal abreviado contra los siete imputados por entender que tuvieron una actuación que puede ser constitutiva de delito.
La actuación judicial tiene su origen en una investigación iniciada por el grupo municipal popular al comienzo de la pasada legislatura en torno a posibles irregularidades en el manejo de fondos municipales que tienen que ver con el fraccionamiento del importe de siete obras públicas para poder adjudicarlas directamente al constructor imputado y evitar así la licitación pública.
Según la Fiscalía, todos los acusados, a excepción de Romero Vega, desempeñaron distintos cargos públicos en el Ayuntamiento entre 2003 y 2011 y que el constructor, dada su "afinidad ideológica" con el resto de acusados "se sirvió de las relaciones entabladas con los mismos con el fin de lograr" que le adjudicaran obras públicas.
A su vez, los acusados se valieron de su posición en el Consistorio para conseguir la "tramitación fraudulenta del procedimiento de adjudicación de contratos y encomendar así al empresario varias obras a cargo del Ayuntamiento".
La Fiscal considera que como consecuencia de la ejecución de las siete obras el empresario obtuvo un beneficio aproximado de 306.198 euros
