La Junta de Extremadura tiene que haber desalojado a los ocupantes ilegales de los pisos sociales de La Data antes de septiembre, porque para entonces ha de haberlos entregado a sus legítimos adjudicatarios. Pero resulta que ahora sobrarán viviendas porque vacantes hay 89 y 79 son las solicitudes admitidas, ya que hasta 31 han sido excluidas por venir de ocupantes ilegales de alguna otra y otras tres por carecer de documentación.
Estos son los datos de la lista provisional de adjudicatarios aprobada el lunes por la comisión regional de la vivienda y que el ayuntamiento espera publicar en su tablón de anuncios lo antes posible para abrir el plazo de reclamaciones. Aunque la concejala de Distritos, Carmen Blázquez, advirtió ayer de que no hay ninguna posibilidad para esos 31 excluidos porque el artículo 18 del decreto de la Junta impide solicitar una vivienda a quienes hayan forzado otra.
LARGA ESPERA Se da la circunstancia de que la mayor parte de estos son de etnia gitana, con cuyo presidente ha ido esta semana a Mérida el concejal de Bienestar Social, Victoriano Durán, quien pública y reiteradamente ha abogado por darles una segunda oportunidad.
Cuántas de las 89 viviendas cobijan a vecinos que entraron por el procedimiento de la patada en la puerta y cuántas están vacías es una incógnita y la concejala sólo habló ayer de pisos vacantes de la tercera fase. Pero es un secreto a voces que en algunos casos han llegado a forzar las placas de acero con que la Junta tapió algunas viviendas y que hay desahucios pendientes.
Mientras tanto, casi 80 familias llevan en lista de espera desde hace más de un año para acceder a una vivienda social porque fue en febrero del 2004 cuando el ayuntamiento abrió el plazo de admisión de solicitudes y recogió un total 110 que son las que revisó el lunes la comisión regional en presencia de Blázquez y la concejala del PP, Victoria Domínguez. La edil socialista aseguró ayer que se adjudicarán en septiembre.
