Tras conocerse que un juzgado de Instrucción ha citado a declarar como investigado al concejal de Relaciones Institucionales, Luis Díaz, por un presunto delito de prevaricación al no conceder una caseta de feria, el alcalde manifestó ayer su «respeto por la decisión judicial, porque tienen que saber qué ha sucedido», pero también su «tranquilidad por haber actuado en virtud de lo establecido».
Se refiere a que la decisión de no autorizar la caseta la tomó la junta local de gobierno «en virtud de un informe técnico» y, por lo tanto, no fue una decisión arbitraria. En concreto, se tomó en la junta de gobierno del 2 de junio del 2017 y la solicitante pedía instalar una «terraza y tres metros de escenario».
El informe señala que, según la Ley de Contratos del Sector Público en materia de incompatibilidades, cuando se produzca un conflicto de intereses con el titular del órgano de contratación, en este caso el ayuntamiento, la incompatibilidad se extiende «a los cónyuges, personas vinculadas con análoga relación de convivencia afectiva, ascendientes y descendientes, así como a parientes en segundo grado por consanguineidad o afinidad». En este caso, señala el informe que la solicitante es la cónyuge de un empleado del ayuntamiento.
Por otro lado, Fernando Pizarro explicó que, como recogen las bases de ejecución del presupuesto, el edil pagará su defensa.
