El nuevo alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro, asegura que su anunciado plan de austeridad, que hoy presentará oficialmente, no pasa por hacer recortes en los servicios sociales que actualmente se prestan en la ciudad.
"Queremos utilizar los recursos propios de los que disponemos, para ponerlos al servicio de la ciudad, sin que suponga un coste excesivo", asegura Pizarro, que subraya que "las políticas sociales vamos a intentar por todos los medios no recortarlas, así como las que tienen que ver con servicios básicos como es el caso de la educación, donde tenemos más competencias que en sanidad, por ejemplo".
En este sentido, Pizarro argumentó que el nuevo equipo de gobierno está buscando la posibilidad de recuperar una herramienta social "muy importante, desaparecida durante la anterior legislatura". El alcalde aseguró que "ya hemos iniciado los trámites burocráticos para conseguir que en unos meses vuelva a funcionar".
El nuevo gobierno tendrá que replantearse otros aspectos como la obra del nuevo edificio que albergará los servicios sociales, que lleva parada desde el verano de 2009.
REDUCIR GASTOS CORRIENTES Por otro lado, Pizarro afirma que meterá la tijera al gasto corriente para sanear las arcas municipales: personal de confianza, ediles liberados (de los que ya anunció que solo habría dos, más el propio alcalde durante esta legislatura), gastos de representación y de telefonía móvil.
El piso para mujeres maltratadas fue cedido por la Junta en 2006 y cerrado en 2008, porque el gobierno regional habilitó un centro de orientación psicológica que acogía, de manera temporal y en momentos de crisis, a las maltratadas y a sus hijos menores de edad.
En 2010 este servicio dejó oficialmente de funcionar, pero en marzo de ese mismo año unas facturas de teléfono, que ascendían a casi 2.000 euros, desvelaron el uso indebido de este espacio durante meses, lo que desató la polémica entre los grupos políticos de la corporación local, así como una investigación policial, que quedó zanjada el pasado mes de septiembre sin que el anterior gobierno diera a conocer quién o quiénes permitieron el uso de ese espacio.
En su momento, la exalcaldesa de Plasencia, Elia Blanco, señaló que el informe no era concluyente, aunque manifestaba que una mujer y un menor residieron en el piso durante 3 meses. Solo quedó de manifiesto que el uso irregular del mismo corrió por parte de esta usuaria y de un técnico municipal.
