Amuchos padres y madres de alumnos no ha gustado nada el escrito remitido por el secretario general de Educación de la Junta a los centros educativos en el que señala que «deben abstenerse de participar en el programa Agente Tutor». Tanto es así, que se está organizando una movilización de todas las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos en apoyo a este servicio que ofrece desde hace cuatro años de forma voluntaria la policía local.
La idea ha partido del Ampa de San Miguel, muy contentos con el trabajo que han desarrollado los agentes, sobre todo a la hora de garantizar la seguridad de los menores en unos centros muy cercanos al barrio de San Lázaro. Los agentes tutores también han combatido el absentismo, antes elevado en este colegio. Por eso, esta asociación de padres va a convocar al resto a una reunión que tendría lugar en principio el 25 de octubre con el fin de consensuar un documento de respaldo al trabajo de los 11 policías locales adscritos a este servicio.
La idea es remitirlo primero al inspector de Educación y después ir subiendo escalones hasta llegar, si es necesario, al presidente de la Junta. Porque no quieren quedarse sin el servicio este curso.
La carta del secretario apela a que el «presunto convenio desarrollado por la Consejería de Educación, de Hacienda, la Fiscalía de Menores y la Fempex no existe nada más que como borrador» y señala que «los directores de los centros no tienen competencias para firmar acuerdos con otras administraciones».
También expone que el Observatorio Extremeño de la Convivencia se manifestó en contra de la continuidad del servicio, sobre todo, «porque invade competencias de diversos profesionales de la educación».
El coordinador de los agentes tutores, Pedro Blázquez, lamentó ayer la decisión de la Junta, más aún sin haber acudido a conocer cómo trabajan y recordó que la Ley de Protección de la Infancia les da potestad para actuar en beneficio de la seguridad de los menores. «Nos habilita para investigar casos de absentismo y, si algún centro me niega la información, sería obstrucción y eso es un delito», apuntó.
Blázquez valora el trabajo de todos los profesionales de los centros, pero señala que, en ocasiones, no pueden llegar a todas partes porque «si hay que ir al domicilio de algún menor, eso no lo va a hacer un profesor».
Lamenta igualmente el paso atrás que, a su juicio da la Junta, y por ende la comunidad, cuando «desde la Federación Española de Municipios y el Plan Nacional de drogas lo están promoviendo».
Recuerda que el servicio funciona en muchas comunidades, como Madrid y Baleares. Precisamente, han sido invitados a un congreso internacional de agentes tutores que celebra los días 20 y 21, donde Blázquez dará una ponencia. «A nivel nacional nos valoran y aquí vamos para atrás cuando cambia el político».
