Después de años de construcciones ilegales en la sierra de Santa Bárbara de Plasencia, el martes pasado se produjo el primer derribo de una vivienda, ordenado por un juez y acatado, tras agotar todos los recursos posibles, por los propietarios.

El 30 de marzo del 2015, se produjo la primera condena penal, del juzgado placentino, que corroboró el 18 de junio de ese mismo año, la Audiencia Provincial de Cáceres. El proceso se ha alargado hasta este año, en que precisamente, los dueños estaban inmersos en un proceso de regularización en el que participan numerosos vecinos de la sierra, que cuentan con el asesoramiento del arquitecto Juan Antonio Álvarez. Los propietarios de esta vivienda esperaban contar con el tiempo suficiente para no tener que tirar la que fue su primera residencia durante varios años, pero finalmente no ha sido así.

En agosto, se hacía público que el 1 de julio se dictó un auto judicial que concluía que la vivienda no resultaba legalizable y ordenaba su demolición. Los propietarios siempre tuvieron en mente que esta era una posibilidad, dado que el negarse a acatar las sentencias podría suponer una pena de cárcel. Por eso, encargaron presupuestos a empresas por si, en algún momento, no cabían más recursos.

Así, tras el auto del 1 de julio, presentaron el proyecto de demolición de la vivienda en el ayuntamiento, que aprobó la junta de gobierno en agosto. Hasta el martes, «hemos estado pendientes de que nos dieran los permisos oportunos», explicaba el mismo martes el propietario.

Una vez obtenidos, por la mañana, las máquinas entraron en su finca, ubicada en el polígono 16 de la sierra, y comenzaron con la demolición.

Los dueños lamentan que no les haya dado tiempo a regularizar la vivienda y se sienten un poco «cabeza de turco» de una circunstancia, las de las viviendas ilegales en suelo no urbanizable, que se da no solo en Plasencia, sino en numerosos municipios de la región. Pero tras años de pasividad y de precintos y órdenes de paralización desoídas, la situación ha pasado a un ámbito judicial, administrativo y penal, en el que numerosos propietarios están inmersos.

REGULARIZACIÓN / Por eso, al mismo tiempo, han comenzado los trámites para intentar regularizar las edificiaciones que se puedan en base a la ley. De hecho, en junio, se inició el trámite en el ayuntamiento para regularizar unas 60 viviendas. Precisamente, Juan Antonio Álvarez había solicitado una reunión con Urbanismo para conocer el estado de este proceso e intentar agilizarlo al máximo, con el objetivo de evitar nuevos derribos. La reunión entre el ayuntamiento y los afectados se produjo el viernes.