Justo cuando Ferraz está a punto de disolver la agrupación socialista placentina, solicitada por la ejecutiva federal tras los últimos escándalos en el partido a raíz de las últimas imputaciones de concejales y exconcejales y las peticiones de expulsión de compañeros por hacer un uso injustificado de dinero, el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha arremetido contra la corrupción política y ha anunciado que pedirá al resto de grupos políticos "un compromiso contra la corrupción".
El asunto se trató el pasado sábado en el comité federal del partido, como el propio Rubalcaba desveló en su cuenta de Facebook el domingo. El secretario general se ha mostrado preocupado porque "la corrupción ha abierto una grave herida en nuestra democracia".
Rubalcaba afirma: "Tenemos que poner un punto final a estos episodios". ¿Cómo? Por un lado, "reforzando el control sobre las finanzas públicas", señala. Precisamente, el comité local ha pedido a Madrid que expulse del partido a la diputada Mireya Conejero; al concejal Ramón Pedro Rubio y a la expresidenta de la gestora del PSOE, Puerto Martín, por haber comprobado, tras una investigación interna, que hicieron un uso injustificado de dinero, en parte público, porque procedía de la subvención que recibe el grupo municipal del ayuntamiento y en parte, de las cuentas del partido.
A Madrid llegó antes de las fiestas navideñas la documentación del comité local, que abrió un expediente a Conejero e investigó también a Rubio y Martín. Precisamente, para Rubalcaba, las claves para prevenir la corrupción política son mejorar "los mecanismos de investigación y castigo de estos delitos, aumentando la transparencia de los partidos políticos. En suma: Control, persecución y transparencia, mucha transparencia".
LA SOLICITUD DE MORALES El secretario provincial del partido, Miguel Angel Morales, también ha pedido que Ferraz investigue el uso que se hizo de cada euro de las cuentas del grupo y del partido, teniendo en cuenta además que ninguno de los dos órganos, ni grupo, ni comité --la foto que apareció el sábado no se correspondía con una reunión del anterior comité-- aprobaron el uso de dinero para pagar abogados de ediles imputados por presunta corrupción en la adjudicación de obras. Este fue el destino de 40.000 euros, según las peticiones de expulsión del comité local.
Ahora, Ferraz tiene la oportunidad de dar ejemplo, tanto en la investigación, como en las expulsiones, como en la no concesión de militancia para imputados. "Los últimos casos de corrupción han creado una situación muy grave. Tenemos que poner un punto final a estos episodios", afirma Alfredo Pérez Rubalcaba.
