Los vecinos de la sierra de Santa Bárbara han decidido agotar la vía del diálogo con el Ayuntamiento de Plasencia antes de recurrir a movilizaciones, que subrayan que serían pacíficas, con el objetivo de conocer la respuesta municipal a las tres propuestas de convenio que han presentado para regularizar las viviendas de tres zonas.

Esta documentación la registraron a comienzos de febrero y como, tras más de un mes, no han recibido respuesta, ni negativa ni positiva, la noche del martes se reunieron en la Despensa para decidir el siguiente paso a seguir. Así, según señaló ayer Juan Antonio Álvarez, arquitecto contratado por los vecinos, se ha decidido solicitar una reunión con el gobierno municipal «para poder analizar los convenios y que nos digan cómo está el asunto, si son subsanables los errores que han dicho en prensa que hay y cómo hacerlo».

La reunión se pedirá de inmediato y lo que esperan es que se les reciba a lo largo de este mes de marzo. De lo contrario, «si no se nos cita o no se nos contesta, sí habrá movilizaciones, encaminadas a que nos reciban y nos den explicaciones».

Álvarez hace hincapié en que estas movilizaciones no supondrán ningún tipo de alteración y apunta, como ejemplos, que podrían acudir a las puertas del ayuntamiento con motivo del próximo pleno para intentar hablar antes con el alcalde o presentarse en la entrada de algún acto municipal con la intención de ser recibidos, pero «sin interferir en la actividad de nadie, solo para exigir que se nos atendiera y se nos diera respuesta a los convenios, aunque fuera negativa».

Por otro lado, la asamblea de vecinos decidió continuar con los trabajos técnicos para solicitar una modificación puntual del Plan General Municipal encaminada a poder regularizar «el mayor número de viviendas posibles». Se trataría de incorporar las edificaciones que no han sido incluidas en las RUCI (Regularizaciones de Urbanizaciones Clandestinas e Ilegales) que plantean los convenios y abarcan a unas 200.

También se solicitarán reuniones con los candidatos a las elecciones para que escuchen a los vecinos y manifiesten sus compromisos electorales.

En suma, lo que persiguen es «seguir defendiendo el derecho a legalizar sus viviendas de acuerdo a la ley, pero que el PGM de Plasencia les impide. Quieren ser iguales que el resto de los extremeños, que pueden legalizar en base a la Ley del Suelo, pero aquí el PGM es más restrictivo».