Malas noticias para el ayuntamiento y para los placentinos. El gobierno municipal tenía la esperanza de que la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura fijara una quita de intereses en el pago de la deuda de las huertas de La Isla, pero no ha sido así. El auto, hecho público ayer, dicta el pago íntegro de la deuda, es decir, 24.166.272,41 euros en concepto de principal, más 12 millones de intereses. En principio, todo el pago habría de ser en metálico.

Sin embargo, la sala da dos años de margen al ayuntamiento para comenzar a pagar los intereses, para que en ese tiempo pueda negociar el pago de intereses en suelo con algunos propietarios que se han manifestado a favor de esta posibilidad, como señala en el auto. También plantea que, en estos dos años, el ayuntamiento puede vender solares para obtener dinero para el posterior pago de intereses.

En todo caso, en enero del 2018 debería comenzar a pagarlos a razón de una cantidad mensual y por un periodo de diez años, es decir, hasta el 2028. De esta forma, si no lograra con la negociación el pago en suelo de intereses, debería abonar al menos 1,2 millones anuales, 100.000 euros mensuales, hasta el 2028. Como mínimo, porque el auto señala que el aplazamiento de dos años "conllevará el deber de abonar intereses en la misma cantidad que exija la AEAT para los aplazamientos con garantías", lo que supone otros 400.000 euros, según desveló ayer el alcalde.

Además, explica el auto que se ha fijado un plazo de diez años porque tiene en cuenta que el ayuntamiento debe devolver también el crédito solicitado a Hacienda para pagar el principal, a razón de 3 millones anuales a partir del 2017. "Si fijáramos un plazo menor seguramente no conseguiríamos evitar lo que se pretende con este incidente, esto es, un grave trastorno para la Hacienda Local".

No obstante, la sala reconoce "el enorme esfuerzo que la corporación y toda la ciudadanía va a tener que realizar para cumplir con las obligaciones derivadas de la decisiones tomadas en su día". Es decir, a lo largo de un proceso que comenzó en 1984 con una expropiación, como recordó ayer Fernando Pizarro.

NEGOCIACION La sala de lo Contencioso recuerda en el auto el proceso negociador que ha tenido lugar desde el 2013 entre el ayuntamiento y los propietarios y que "ha seguido vivo en todo momento". Recuerda que en el 2014 no hubo acuerdo porque no había concluido la revisión del PGM y alaba que el ayuntamiento cumpliera con esta exigencia y también que solicitara el fondo habilitado por Hacienda para pagar sentencias judiciales. De los dueños dice que la propuesta que hicieron en su día de condonar dos tercios de los intereses no fue una renuncia a estos, sino "un simple ofrecimiento, condicionado a que finalmente se llegara a un acuerdo, lo que evidentemente no ha sucedido". Por eso, explica que, dado que según el Tribunal Constitucional las ejecuciones de sentencias deben realizarse "en sus justos términos" --en este caso pagando principal e intereses-- la sala no puede fijar una quita de los segundos.

Lo que señala es que sí podrían haberlo hecho los propietarios, pero recuerda que la renuncia de estos siempre debe ser voluntaria y expresa. No obstante, considera la sala que los dueños no han actuado con deslealtad ni mala fe porque su postura en cuanto a la condonación de intereses cambió por un "cambio trascendente en las circunstancias, cual es la posibilidad de cumplimiento íntegro de las sentencias por la vía de la adhesión" a los fondos de Hacienda. Imagina la sala que el ayuntamiento no pidió una cantidad para pagar el total de la deuda con "la esperanza de que, cobrado el principal, los propietarios mostrarían su conformidad a la renuncia, bien total o parcial, a los intereses, pero no ha sido el caso".

REACCIONES El auto se puede recurrir ante el mismo Tribunal Superior de Justicia de Extremadura y es algo que, según señaló ayer el alcalde, van a valorar junto a los técnicos municipales. "Tenemos una semana para ver si recurrimos, en base a qué y en base a qué éxito" porque señaló que el ayuntamiento podría perder concesiones como los dos años de margen para los intereses o el plazo de pago.

Lo que subrayó ayer Pizarro es que "este ayuntamiento siempre ha estado en disposición de llegar a un acuerdo, pero los propietarios en ningún momento han tenido intención de negociar. El auto nos obliga a pagar los intereses porque los propietarios no han querido condonarlos, aún sabiendo que ponen en riesgo a la ciudad, son insaciables", afirmó.

Dijo tener la esperanza de que en los próximos dos años parte de los intereses se elimine por el pago en suelo a algunos dueños, ya que Placonsa, que tiene el 40%, se ha mostrado dispuesta, dijo. Pero no confía en vender solares, aunque "haremos todo lo que sea posible para mejorar las circunstancias", en alusión a pedir también a Hacienda que flexibilice el pago de la devolución del rescate, si es posible.

Recordó que la suma de los 36 millones, más los 13 ya pagados, supondrán un pago de 49 millones por 37.000 metros cuadrados inundables, "un precio desorbitado y más alto que el metro cuadrado en la Castellana".

Pero con todo, lanzó un mensaje optimista: "Podemos hacer frente a esto y no contemplo subir impuestos para que los ciudadanos no sean la diana".