Los vecinos de la avenida del Generalísimo exigieron ayer a la alcaldesa el traslado fuera del casco urbano de las antenas de telefonía móvil que han proliferado en el edificio situado frente al colegio de La Salle para acabar con la alarma social que las relaciona con siete casos de cáncer detectados en un mismo bloque cercano en los últimos tres años.
El asunto ha creado además un enfrentamiento con los inquilinos del número 4 de la avenida porque es sabido que las comunidades de propietarios reciben de las compañías de telefonía cantidades que oscilan entre los 6.000 y 9.000 euros por antena en concepto de alquiler.
ESCEPTICISMO El noveno caso de cáncer surgido en el edificio situado encima de la Once y otro nuevo en el colegio de Valladolid han reavivado la polémica con el agravante de que los afectados ya pidieron la retirada de las antenas en la legislatura pasada y al inicio de ésta sin éxito.
En el escrito donde reclaman también al ayuntamiento un estudio sobre la legalidad de las antenas y nuevas mediciones de su radiación advierten de que no descartan iniciar acciones legales así como recurrir a la Junta a Mérida, según indicó el presidente de la plataforma, Luis Bote. "A simple vista --añadió-- se pueden ver trece antenas en esa azotea y si son ilegales que las quiten con urgencia". Sólo seis tienen licencia municipal y el ayuntamiento espera un informe de la Junta que aclare cuántas más tienen autorización.
