La Sección primera de la Audiencia Provincial de Badajoz ha rebajado la pena de 3 años de prisión a 18 meses a José Carlos S., condenado por el Juzgado de lo Penal número 2 de Badajoz -el 22 de noviembre de 2017-, por 26 delitos contra la intimidad, por haber grabado con una cámara de vídeo oculta a mujeres en los aseos de un centro para personas con discapacidad, en Olivenza, así como en su ámbito doméstico y familiar.
La Audiencia ha estimado parcialmente el recurso de apelación presentado por el abogado Alfredo Pereira como defensor y en nombre de su defendido, al que se adhirió parcialmente la Fiscalía, contra la sentencia que lo condenó a los 3 años de prisión, 36 meses de multa con una cuota diaria de 5 euros y a indemnizar a las víctimas con cantidades que iban de los 525 euros a los 5.000 euros.
La Sala de lo Penal reduce ahora la pena de cárcel a 18 meses. Estima parcialmente «como muy cualificada la circunstancia atenuante de confesión apreciable en todos los delitos objeto de la condena». También deja sin efecto «la agravante de abuso de confianza» para con algunas de las víctimas que sí consideró la sentencia anterior. Y en contra de lo alegado por la acusación particular, en el fundamento jurídico sexto considera «correcta la apreciación de la atenuante de alteración psíquica» del condenado, «diagnosticado de un cuadro neurótico patente que influye de forma irrelevante en su capacidad volitiva», y que tuvo en consideración y ya recogía la sentencia de primera instancia.
Además, el tribunal revoca parte de la resolución anterior y concreta la penalidad de cuatro de los delitos en seis meses de prisión, excepto que el límite de la penas privativas de libertad imponibles al condenado es de un año y seis meses, en aplicación del artículo 76.1 del Código Penal, que establece que el límite no excederá del triple de la pena superior.
El condenado, que no ha llegado a entrar en prisión, podrá eludirla con el nuevo fallo, que se aplica con el limite indicado sobre los 26 delitos, de forma que los 13 años que correspondería en total se quedan en uno y medio, según explicó el letrado de la acusación particular Manuel Villalón.
