La sorpresa en el pleno ordinario que la corporación de Jaraíz de la Vera celebró el pasado viernes por la noche saltó durante el apartado de ruegos y preguntas, cuando los concejales del grupo municipal del Partido Popular, Inmaculada Elena García y José Maria Jiménez Dillana, anunciaron que presentaban la dimisión y renunciaban a sus actas de concejal. Este último desveló que "esta decisión ya se sopesó por mi compañera y por mí durante el pasado mes de enero", cuando ambos dimitieron de las delegaciones que ostentaban en el ejecutivo municipal, una decisión que, según recordaron, tomaron porque "no se nos permitía" trabajar.

Dillana explicó que tras su marcha del gobierno llegaron a un acuerdo "con nuestros compañeros del equipo de gobierno, a instancias de distintos cargos del PP a nivel provincial, para limar las desavenencias existentes, porque entonces entendimos que era conveniente hacer un esfuerzo en ese sentido".

Sin embargo, Dillana aseguró que después de cuatro meses los citados acuerdos no se han cumplido, "ni por nuestros compañeros, aunque algunos digan que no lo somos, ni por la propia dirección provincial del Partido Popular, demostrando una vez más el señor Laureano León --presidente provincial del PP-- su falta de capacidad para dar solución a los problemas suscitados dentro del partido".

Los ediles dimisionarios serán sustituidos por Alberto Lasso y Manuel Cortés Maquedano.

ACOSO LABORAL Entre el resto de temas abordados por la corporación se encuentran varios que eran esperados, debido al protagonismo que han tenido últimamente en la actualidad local, relacionados con la ubicación del nuevo IES y la condena al ayuntamiento por parte del TSJEx por acoso laboral llevado a cabo, según la sentencia del tribunal extremeño, por el alcalde, José Agustín Tovar, y la teniente de alcalde, Sonia Arjona, en la persona de la asesora jurídica del ayuntamiento.

Arjona y Tovar manifestaron en el pleno que acatan la sentencia, aunque no la comparten. Por último, fue aprobada una moción presentada por la PSDEX en la que se pide a los autores del mobbing que dimitan y paguen los gastos judiciales.