La lucha contra el cambio climático ha sido siempre una lucha desigual. Un pulso entre el talonario de las poderosas industrias extractivas y ganaderas, generalmente apoyadas por sus gobiernos, contra el idealismo de los ecologistas, las certidumbres de los científicos o la preocupación de los ciudadanos concienciados por el problema. Nada refleja mejor esa disparidad de fuerzas como Juliana contra Estados Unidos, la demanda presentada por una veintena de niños y niñas contra el Gobierno de Estados Unidos para obligarle a renunciar a los combustibles fósiles. El litigio acusa a las autoridades de violar el derecho constitucional a la vida, la libertad y la propiedad de los demandantes con su respaldo al carbón, el petróleo o el gas natural, energías que contribuyen decisivamente al calentamiento global del planeta con sus emisiones de dióxido de carbono (CO2).
La demanda tiene trazos quijotescos y ha despertado gran interés por su atrevimiento jurídico, la identidad de los demandantes y las profundas consecuencias que podría tener. «Es la primera vez que los tribunales estadounidenses se plantean si el acceso a un medioambiente limpio es un derecho constitucional», ha dicho el jurista de la Universidad de Columbia, Michael Gerrard.
Hasta ahora la litigación medioambiental se había centrado en impugnar proyectos o políticas específicas, fuera un oleoducto, una mina o una autorización para abrir terrenos públicos a las prospecciones petrolíferas. Este caso aspira a enmendar de un plumazo toda la política energética de un país.
La demanda fue presentada inicialmente en 2015, después de que un grupo de abogados y organizaciones ecologistas reclutara a 21 niños para participar en el litigio. R. M. F.
