España dejará de matricular a partir del 2040 cualquier «turismo o vehículo comercial ligero (furgoneta)» que emita dióxido de carbono (CO2) , el principal gas causante del efecto invernadero. El veto afectará tanto a los vehículos diésel como a los de gasolina e incluso a los híbridos y a los de gas natural. Solo los eléctricos, los movidos por hidrógeno o cualquier otra tecnología 100% limpia, podrán comercializarse en España, según el borrador de la futura ley de Cambio Climático y Transición Energética que el Gobierno ha hecho llegar a los partidos políticos y explicaron ayer fuentes del Gobierno.
La medida será de gran impacto pero está anunciada con tanta antelación que el Gobierno considera que el mundo del automóvil dispondrá del tiempo prudencial necesario para adaptarse sin que se resienta el empleo. Además, la intención de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, es abrir un proceso de participación con comunidades autónomas, municipios, grupos parlamentarios en el que también intervendrán los sectores industriales implicados. El objetivo es que el Consejo de Ministros apruebe el proyecto de ley «con el mayor consenso posible» y lo remita al Congreso antes de finalizar el año.
EL ACUERDO DE PARÍS / La prohibición de la matriculación obedece a la necesidad de que 10 años más tarde, en el 2050, no circule por España ningún turismo o furgoneta que emita CO2, en congruencia con el acuerdo de la cumbre de París contra el cambio climático. Este pacto, sellado en el 2015, prevé cero emisiones en la segunda mitad de siglo para evitar que el aumento de temperaturas en el planeta supere los dos grados centígrados.
El Gobierno no prohibirá la circulación de vehículos de combustión en esa fecha, pero los ayuntamientos y comunidades autónomas sí podrán hacerlo.
En el 2030 habrá que contar ya con una cuota importante de vehículos «de con nulas o bajas emisiones» pero el borrador de la ley no la especifica. Esto se establecerá en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima que estará listo a primeros de diciembre.
La ley pone en el punto de mira las emisiones del transporte, según las mencionadas fuentes, porque éstas no han dejado de crecer en toda Europa en los últimos años pese a lo contemplado en los pactos para contener el cambio climático.
PUNTOS DE RECARGA / En el terreno de la movilidad la propuesta de ley del Gobierno contempla también varias medidas a corto plazo. Para facilitar la expansión del vehículo eléctrico, por ejemplo, todas las gasolineras estarán obligadas a instalar puntos de recarga. Los plazos se establecerán en función de su volumen de ventas. A mayor dimensión más pronto deberán contar con ellos.
Los municipios de más de 50.000 habitantes estarán obligados, por su parte, a crear zonas de bajas emisiones donde solo puedan acceder los vehículos más ecológicos. Tendrán para ello un plazo máximo de cinco años, hasta el 2023. Tanto Barcelona como Madrid ya han anunciado fuertes limitaciones a los vehículos sin etiqueta ambiental en el 2020 y 2025 respectivamente. A esto hay que añadir la implantación de una enorme área de casi 500 hectáreas con fuertes restricciones en la capital de España a que se ejecutará el próximo 30 de noviembre.
El Gobierno estudiará, además, la posible implantación en España de la euroviñeta, el cobro a los camiones por el uso de las infraestructuras, como ya hacen algunos países europeos.
Con todo este esfuerzo y el resto de medidas que atañen al sistema eléctrico la ley se marca como objetivo reducir un 20% las emisiones de CO2 respecto a la cifra del año 1990. Todo un reto también. Las emisiones están actualmente un 17% por encima de esa cifra. Eso significa que de aquí al 2030 una de cada tres toneladas de dióxido de carbono que España lanza a la atmósfera debe ser eliminada. Se trata de un porcentaje un 20% más ambicioso que el exigido por la Unión Europea y se deriva del reciente informe de la ONU que lanzó la alerta sobre el retraso en la adopción medidas destinadas a evitar la subida de las temperaturas.
La ministra Ribera, declaró que su propuesta de bajar «las emisiones un tercio en solo una década es un hito a nivel internacional y una muestra de nuestro firme compromiso con la lucha contra el cambio climático». «Planteamos una ley que da señales claras y predecibles a los inversores y al resto de agentes económicos del modelo de desarrollo descarbonizado al que se dirige España. La transición hacia una economía neutra en carbono en 2050 generará progreso y empleo estable y de calidad, y presenta grandes oportunidades económicas» añadió.
La decisiones en materia de movilidad, aunque puedan parecer arriesgadas, no hacen más que seguir los pasos de los países más avanzados. La propuesta del Ejecutio es por ejemplo muy similar a la del Reino Unido que también ha anunciado que prohibirá la venta de coches diésel y gasolina en 2040 y donde en el año 2050 ya no podrán circular.
Francia ha anunciado que prohibirá la venta de coches de combustión en 2040; Dinamarca, Irlanda, Alemania y Holanda quieren lograrlo en 2030. Noruega, cuyo parque de vehículos eléctricos alcanza ya el 30%, se ha impuesto el 2025 como el fin de la vida de los coches de combustión.
