El decano del Colegio de Arquitectos de Madrid, Ricardo Aroca, que accedió ayer al interior del edificio Windsor y llegó hasta la planta 24 por la escalera, consideró adecuado el plan del Ayuntamiento para proceder a la demolición de la torre. Aroca se adentró en el edificio en ruinas junto a un grupo de técnicos y bomberos al que se sumó la concejala de Urbanismo, Pilar Martínez. El objetivo era evaluar desde el interior el plan diseñado por el consistorio.

Aroca aseguró que el edificio tiene un riesgo "muy alto" de desprendimiento parcial por los restos acumulados en la planta 17. Descartó, sin embargo, el riesgo de derrumbe total del edificio y aseguró que se ha vuelto a constatar que el núcleo del mismo está en un nivel de riesgo "muy aceptable", informa Efe.

COMIENZAN LOS TRABAJOS Ayer comenzaron los trabajos previos a la demolición del edificio. A primera hora llegó a las inmediaciones de la torre la tercera gran grúa necesaria para el proceso. Su montaje durará unos dos días. Mientras, continuaba la reparación de la grúa que se averió en la noche del 24. El proceso se llevará alrededor de

11 meses y costará unos 17,5 millones de euros.

Los propietarios del Windsor, la familia Reyzábal, han solicitado una reunión urgente con responsables del ayuntamiento, antes de que comiencen los trabajos de demolición. Fuentes de la inmobiliaria Ason explicaron que el Ayuntamiento sólo les ha comunicado el plan de forma verbal, pero es muy importante --añaden-- tener en cuenta la opinión de los arquitectos y técnicos que trabajaron en el diseño y en la construcción del mismo.

Los propietarios valoran que el consistorio haya decidido sufragar los costes del proceso hasta el momento en que el edificio deje de suponer un peligro para la seguridad. Según Ason, el coste posterior debería ser asumido por quien se considere responsable del siniestro.

AFECTADOS La asociación de afectados por el siniestro, que ya cuenta con 112 asociados, entre comerciantes y profesionales de la zona de Azca, valoró ayer en 1,2 millones las pérdidas ocasionadas. Calculan que las ventas en sus comercios han caído entre un 30% y un 40% y que unos 12 trabajadores han sido despedidos tras el siniestro La asociación se personará como acusación particular en el proceso penal para exigir responsabilidades por las pérdidas sufridas.