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La atención sanitaria continúa sin ser realmente universal

 

P. M.
17/06/2019

Además de la acogida del Aquarius, otra de las primeras decisiones de Pedro Sánchez en beneficio de los inmigrantes fue devolverles la atención sanitaria. De este derecho fueron privados por el PP en el 2012 (salvo en urgencias o los colectivos más vulnerables), con el pretexto de ahorrar en plena crisis. El real decreto aprobado en julio del 2018 por el PSOE tiene «lagunas» importantes que están provocando que algunas personas no sean atendidas o reciban la factura si acuden a urgencias, según denuncian las más de 300 organizaciones de la red Reder.

Y es que se exige a los inmigrantes tres meses de empadronamiento, incluido a colectivos como las embarazadas o los menores que sí que recibían atención gratis con la normativa del PP. Esta exigencia se puede solventar con un informe de los servicios sociales que muchos son reacios a pedir o no siempre llega a tiempo (si se trata de una urgencia) y que depende de la administración de turno. De hecho, según Pablo Iglesias, de Médicos del Mundo, autonomías como Madrid y algunas otras están haciendo una interpretación «muy restrictiva» del decreto, al denegar la atención incluso a las personas vulnerables, lo que supone una «regresión» respecto a la política del PP.

Para solventar este problema, Reder reclamó al Gobierno que redactara un reglamento que aclarara los puntos ambiguos del real decreto. A esto se suma que también se deniega la sanidad a las personas reagrupadas, normalmente de edad avanzada, un problema que no se puede solucionar vía reglamento y que exigiría cambiar la ley. El Supremo, de hecho, rechazó el acceso gratuito a una cubana reagrupada por su hija, lo que cierra la puerta a la atención sanitaria a estas personas salvo que el Gobierno lo corrija. «Hemos pasado a la decepción», resume Iglesias.

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