La Audiencia de Sevilla ha decidido anular parcialmente la imputación que la juez del 'caso de los ERE' dictaminó contra Magdalena Álvarez al entender que su implicación estuvo poco motivada en el presunto delito y se vulneraron sus derechos de defensa y de tutela judicial efectiva, por lo que pide a Mercedes Alaya que dicte un nuevo auto de imputación. La resolución, sin embargo, se produce 20 días después de que la exministra de Fomento compareciese ante la jueza y quedase encausada por los cargos de prevaricación y malversación de fondos.
La decisión la Sección Séptima de la Audiencia afecta solo a la parte referida a Álvarez en el auto dictado el pasado mes de junio, y en el que se señalaban también a otros 19 exaltos y altos cargos de la Junta, una imputación que la propia Alaya calificaba como el “salto cualitativo” de la instrucción al profundizar en la parte más política de la trama. A saber, cómo el Ejecutivo había puesto en marcha un sistema irregular para pagar subvenciones al margen de cualquier control. Una actuación en la que Alaya adjudica un papel relevante a Álvarez como "promotora en connivencia con otros".
Debate jurídico abierto
Ahora, la Audiencia remite a la jurisprudencia del Tribunal Supremo y recuerda que cuando se dirige un procedimiento contra alguien “debe existir una resolución judicial motivada en la que se le atribuye su presunta participación en un hecho que puede ser constitutivo de delito o falta”. Así, zanja el debate jurídico abierto entorno a ese auto -en el que no se concretaba ningún tipo de hecho delictivo- y reclama que exista “al menos una mínima relación fáctica cuya lectura permita colegir la descripción del hecho o hechos punibles de que pueda tratarse”. Señala además que esta petición cobra todavía más sentido en un caso de la complejidad y excepcionalidad del de los ERE. En este sentido, apunta a que la juez Alaya se basó en “una construcción sugerente, que no explícita, de la ilicitud penal de la actuación no sólo del gobierno autonómico sino, al parecer, también del propio parlamento” andaluz para formular su acusación de que se creó “ex profeso un sistema legal para delinquir o mantener una actividad delictiva”.
Todo apunta a que Alaya atenderá la petición de la Audiencia, como ha ocurrido en anteriores ocasiones, y en breve emitirá un nuevo auto concretando los dos supuestos delitos de los que acusa a la que fuera consejera andaluza de Economía y Hacienda entre 1994 y 2004. La petición podría también repetirse en otros de los imputados junto a Álvarez cuyos recursos aún no han sido resueltos.
Al límite de la instrucción
El texto de la Audiencia también entra a valorar, aunque solo “a efectos dialécticos por si fuera de interés”, la posible presencia de aforados en la causa. Entiende que Alaya habría agotado ya la instrucción en este punto, llegando al “límite máximo”, por lo que el siguiente paso para “clarificar” la investigación sería escuchar a los cargos públicos aforados a los que la juez ha hecho alusión en alguna ocasión e incluso invitó a que declararan voluntariamente para garantizar su derecho de defensa, como ocurrió con los expresidentes Manuel Chaves o José Antonio Griñán y otros cinco exconsejeros. Además, la Audiencia insta en este punto a que tanto Fiscalía como las partes personadas soliciten la inhibición de la juez y remita el caso al Supremo para que se produzcan esas declaraciones si lo consideran oportuno.
