El humo del tabaco, con sus efectos tóxicos y cancerígenos, que obligatoriamente sufren unos 800.000 trabajadores de la hostelería y el ocio, supone "un riesgo de salud laboral intolerable".

Partiendo de esta consideración, los responsables de salud de UGT y CCOO, Marisa Rufino y Pedro Linares, pidieron ayer al Gobierno que no demore la anunciada ley antitabaco y amplíe la prohibición de fumar en todos los locales cerrados. También anunciaron que, mientras llega la reforma, pedirán al Ministerio de Trabajo que los daños causados por el humo de segunda mano (cardiopatías, cánceres o asma) sean considerados enfermedad laboral o derivada del trabajo.

Esta clasificación obligaría a los empresarios a asumir los costes de la situación nociva en la que trabajan estos profesionales, que ahora son cargados al sistema nacional de salud, y mejoraría sus prestaciones (pago del 100% del salario y de los tratamientos, pensiones y otros derechos del trabajador).

Rufino recordó que la exposición al humo ambiental causa la muerte de 2.000 empleados al año.

"No podemos admitir por más tiempo esta discriminación ni que se considere, con la excusa de la crisis, que por ofrecer un puesto de trabajo los empresarios tienen derecho a comprar la salud de los trabajadores", aseguraron los responsables sindicales.

A su juicio, el veto al tabaco no conllevaría pérdidas económicas para el sector hostelero, ya que aumentaría la clientela de niños y no fumadores, y reducirá las bajas laborales.

Los representantes sindicales pidieron también a los empresarios que se impliquen en los planes de deshabituación del tabaquismo, que regulen las sanciones por fumar y también que, en el sector agrícola, se replantee una reconversión laboral para quienes se dedican al cultivo del tabaco en España.