El Gobierno canario anunció ayer que emulará a Andalucía y expropiará temporalmente los pisos de personas desahuciadas que queden en manos de los bancos por impago de la hipoteca, en los casos en los que exista desprotección social. El presidente Paulino Rivero hizo pública la decisión en el Parlamento autónomo, en el que precisó que la expropiación sería por un periodo de tres años, con un justiprecio que se decidirá judicialmente. Rivero explicó que Canarias no puede introducir estos cambios mediante decreto ley, sino que tendrá que modificar la ley de la vivienda, algo que el Ejecutivo que preside tiene intención de hacer a toda velocidad y con varios objetivos.

Canarias persigue evitar que desahuciados en una situación de especial dificultad se queden en la calle pero también cambia la ley para resolver otros problemas relacionados con la vivienda. Otro gran frente, como en Andalucía, será el de la promoción del alquiler. Rivero también anunció la creación de un registro de viviendas vacías así como la implantación de medidas para fomentar que sean alquiladas. El Gobierno insular se compromete a ofrecer garantías a los propietarios de estas casas, que en ningún caso serán personas físicas. Esencialmente, bancos e inmobiliarias. El PP criticó las medidas anunciadas por el presidente de Coalición Canaria, por considerar que son improvisadas.