En el caso de los asesinatos de ancianos en la residencia La Caritat de la localidad catalana de Olot no está todo dicho. Lo sostiene el juez, que el lunes hizo desenterrar los restos de ocho residentes fallecidos porque considera que en sus muertes hay "sospechas fundadas de criminalidad". Lo cree el forense, que ha enviado a analizar muestras de tejidos de varios de los cadáveres porque halló indicios de que podían haber muerto por la ingestión de un líquido abrasivo (al igual que las tres ancianas envenenadas), y lo manifiesta el propio asesino confeso, el celador Joan Vila, que ayer solicitó volver a declarar ante el juez porque, según fuentes próximas al caso, tiene algo importante que decir. El magistrado no se ha hecho de rogar y le ha dado cita para el próximo martes.

La petición de Vila se produce la misma semana en la que se han realizado las exhumaciones, de las que han trascendido los indicios hallados en las autopsias. Hay algunos datos que ponen los pelos de punta: entre diciembre del 2005, cuando Vila empezó a trabajar en La Caritat, y el pasado mes de octubre, cuando fue detenido, murieron en la residencia 59 internos. La mitad de ellos (exactamente 27) fallecieron en los turnos del celador, que solo trabajaba los festivos y los fines de semana. En lo que llevamos de año, han muerto 15 ancianos en el geriátrico, 12 de ellos cuando Vila trabajaba, mientras que de los 12 fallecimientos registrados en el 2009 tan solo 5 coincidieron con los turnos laborales del auxiliar de enfermería.

Más allá de las estadísticas, el estudio del historial clínico de los residentes que han muerto este año pone de relieve que algunos decesos repentinos no se corresponden con las patologías que sufrían los ancianos. Tampoco consta acreditado, según el juez, que la certificación de las muertes se realizara tras el examen del cadáver por un médico.