Varias comunidades autónomas gobernadas por la derecha, con Navarra (UPN) y Murcia (PP) a la cabeza, han abierto un nuevo frente de resistencia contra la nueva ley del aborto, que ayer entró en vigor.
Centran su rebelión en que no hay sentencia firme del Tribunal Constitucional sobre los recursos presentados por el PP y el Ejecutivo navarro contra la ley, y reclaman que entretanto se suspenda cautelarmente la aplicación de la norma. El TC espera que el Congreso, el Senado y el Gobierno presenten sus alegaciones contra la demanda de suspensión cautelar. El Ejecutivo lo hará hoy. El presidente de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, del PP, llegó a asegurar ayer que "de momento, no hay razones para acatar la ley, puesto que todavía no está en su punto final". Y dejó la puerta abierta para que su comunidad no la ponga en práctica. "Seguiremos buscando las vías jurídicas, en ellas estamos, y cuando se haya resuelto todo ya veremos a ver qué se hace. De momento, no hay razones para acatarla la ley", retó al Ejecutivo. El Ministerio de Sanidad le recordó al punto "que todas las leyes vigentes deben cumplirse".
En Navarra, de acuerdo con la estrategia del partido que lidera Mariano Rajoy, que proclama que la ley del aborto es "inhumana, injusta e inconstitucional", el Gobierno foral (en manos de la también conservadora UPN) confirmó que seguirá derivando a las navarras que deseen abortar a centros de otras comunidades, pero en los supuestos legales recogidos en la ley de hace 25 años. La tesis de la consejera navarra de Salud, María Kutz, es que la objeción de conciencia de los médicos no está convenientemente regulada.
INFORMACION PROPIA La Xunta de Galicia, gobernada por el PP, anunció que no introducirá información propia relacionada con las ayudas a las mujeres que quieran interrumpir su embarazo en el sobre que, por decreto del Gobierno central, las autonomías deben entregar a las gestantes. La también conservadora Comunidad de Madrid enfatizó su intención "de proteger en todo momento el derecho a la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios". Y la Generalitat Valenciana se limitó a insistir en que la norma debería quedar en suspenso hasta que se pronuncie el TC.
La Conferencia Episcopal Española aseguró que la ley "impone la ideología abortista y de género en el sistema educativo obligatorio". "Se trata de una ley objetivamente incompatible con la recta conciencia moral, en particular la católica", condenaron una vez más los obispos.
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, salió en defensa de la norma. "Es una ley --ensalzó-- de prevención, porque está destinada a evitar embarazos no deseados; de seguridad, porque da más garantías a los profesionales y a las mujeres; y europea, porque está en la media de las leyes de países de la UE con gobiernos de todos los colores políticos".
Al frente del PP se sumó el rechazo de los médicos de Castilla- La Mancha. De manera que las mujeres que quieran abortar en esa comunidad, gobernada por el PSOE, deberán hacerlo en clínicas privadas concertadas.
La ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, aseguró que la ley permitirá un tratamiento igualitario en todas las autonomías.
