La Audiencia Provincial de Girona ha condenado al celador de Olot a más de 127 años de cárcel por el asesinato de 11 ancianos en el geriátrico La Caritat entre agosto del 2009 y octubre del 2010. El juez Ildefons Carol ha aplicado los agravantes de alevosía y ensañamiento en los casos de las tres últimas víctimas, a las que Joan Vila mató suministrándoles lejía y líquido desincrustante . En los otros diez casos, el magistrado aplica el atenuante muy cualificado de confesión.
El juez ha condenado a Vila a 20 años y 10 meses de cárcel por el asesinato de su última víctima, Paquita Gironés, que murió en el Hospital de Olot, ya que en este caso solo le aplica un atenuante simple por confesión. Los médicos de guardia sospecharon que esta anciana podía haber fallecido de una muerte violenta tras observar que tenía quemaduras en la boca y la lengua, por lo que avisaron a los Mossos y se inició la investigación que acabó con la detención del celador.
En los casos de las otras dos mujeres que mató con lejía, el magistrado condena a Vila a 13 años y cuatro meses de prisión, ya que en ambos casos aplica un atenuante “muy cualificado” de confesión. En los otros ocho asesinatos, el fallo establece una pena de 10 años de cárcel por cada uno, ya que aprecia el mismo atenuante y no incluye el agravante de traidoría y ensañamiento.
Límite de cumplimiento
La sentencia determina que las penas impuestas al condenado tendrán un límite máximo de cumplimiento efectivo conjunto de 40 años y establece que el celador tendrá que indemnizar a los familiares de las víctimas con 369.000 euros. Una cantidad que, en caso de que no pueda hacer efectiva, deberá asumir el geriátrico La Caritat, ya que ha sido declarado responsable civil subsidiario.
Para dictar su sentencia, el juez ha tenido en cuenta que el jurado popular consideró “no probado” que Vila padeciera un estado de "alteración psíquica" en el momento de perpetrar los asesinatos, que le impedía comprender la ilegalidad de su acto. El defensor del celador, Carles Monguilod, defendió esta tesis durante el juicio y pidió que se condenara a su cliente a un máximo de 20 años de libertad vigilada.
Por el contrario, el fiscal Enrique Barata solicitó una condena de 194 años de prisión y basó su acusación en desmontar la versión del acusado, que sostenía que había matado a los ancianos para "evitarles sufrimientos". El juez también hace constar en el fallo que el jurado considera que Vila, debido a sus conocimientos médicos, era consciente de que suministrando líquios corrosivos a sus víctimas sabía perfectamenteera sabedde medicina, les producía “un sufrimiento extraordinario, que no era necesario para conseguir su muerte”.
