Tras más de medio siglo de protestas, la justicia española dio ayer la razón a los afectados por la talidomida, el medicamento que se recetaba a embarazadas para paliar sus náuseas y que causó graves malformaciones a los fetos. La jueza dictaminó que la farmacéutica alemana Grünenthal, fabricante del compuesto, tuvo un comportamiento "negligente", puesto que mantuvo su distribución pese a conocer los "efectos nocivos" que comportaba.
La sentencia estima parcialmente la demanda de la Asociación de Víctimas de la Talidomida en España (Avite) y condena a la empresa al pago de 20.000 euros por cada punto porcentual de minusvalía que tenga cada afectado, según el baremo de la Administración. El fallo no es firme, por lo que la empresa puede presentar recurso.
El fallo judicial deja "satisfechos" a los miembros de la asociación, en palabras de su vicepresidente, Rafael Basterrechea. "Es una condena histórica, porque es la primer vez en que se condena a esta farmacéutica en todo el mundo", explicó Basterrechea. Sin embargo, el logro también tiene su interpretación negativa, la de la "falta apoyo por parte de las autoridades" españolas, explica el dirigente. "En el medio centenar de países en los que hay casos, los afectados tuvieron más respaldo, hasta el punto de que la farmacéutica se avino a alcanzar pactos para evitar ir a juicio", añade.
La sentencia condena a la compañía al pago de los intereses legales desde la fecha de interposición de la demanda. La batalla judicial comenzó cuando el Gobierno estableció ayudas para 23 víctimas, que estas rechazaron y formalizaron una denuncia contra Grünenthal por atentado farmacológico. El 14 de octubre se celebró el juicio, en el que 186 afectados reclamaron 204 millones de euros (casi 1,3 millones por persona). El fallo atiende a las reclamaciones de menos de 20 personas y rechaza las demás reclamaciones.
