Dar positivo en un control de alcoholemia puede comportar a partir de pasado mañana algo más que una multa o la suspensión del carnet de conducir. El infractor puede acabar en la cárcel, según la reforma del Código Penal que entrará en vigor el viernes, un año después de su aprobación.
Aprovechando este cambio legislativo, el Ministerio de Sanidad ha emprendido, además, una campaña publicitaria --una de las más intensas que se recuerdan--, contra la conducción etílica entre los jóvenes.
La modificación legislativa establece que la conducción "bajo la influencia de las bebidas alcohólicas" u otras drogas será castigada "con la pena de prisión de tres a seis meses", aunque ofrece al juez otras alternativas. También podrá imponerle una multa de 6 a 12 meses --aproximadamente entre 550 y 110.000 euros-- o bien trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días.
CAMBIO TIMIDO El cambio endurece la norma vigente porque hasta ahora sólo se preveía el arresto domiciliario de 8 a 12 fines de semana y la multa era de entre 3 y 8 meses. Lo hace, sin embargo, con cierta timidez. "No será fácil que un conductor ebrio pise la cárcel. Primero debería ser reincidente porque no hay ingreso en prisión en penas inferiores a dos años. En segundo lugar, la experiencia nos lleva a pensar que el juez optará antes por la penas alternativas, la multa o los trabajos", explicó ayer Aitor Canales, asesor jurídico de Stop Accidentes.
La reforma también establece que si se superan al mismo tiempo y de modo desproporcionado los límites de velocidad y alcohol, el castigo será de entre seis meses y dos años de cárcel. El texto no fija, sin embargo, los límites a partir de los cuales la combinación de alcohol y velocidad será considerada delito. Sólo habla de "altas tasas de alcohol en sangre" con "un exceso desproporcionado de velocidad respecto a los límites establecidos". La apreciación también quedará en manos del juez.
La reforma fue aprobada por el anterior Gobierno del PP y fue criticada por las asociaciones de víctimas y la oposición por quedarse corta. El director general del Tráfico, Pere Navarro, la calificó ayer de "positiva" porque "responde a una demanda social evidente" pero advirtió de que sólo se trata del "principio" en el endurecimiento de las normas para los infractores.
La campaña publicitaria institucional que acompaña la medida se centra en disuadir a los jóvenes de la conducción etílica con un mensaje positivo y utilizando la ironía, muy lejos de los tintes dramáticos de otras ocasiones.
El Ministerio de Sanidad ha hecho un esfuerzo especial, dada la magnitud del problema --el tráfico es la primera causa de muerte entre los jóvenes--, y ha implicado a comunidades autónomas, ayuntamientos y medios de comunicación hasta conseguir un impacto publicitario valorado en más de nueve millones de euros.
La campaña se inició ayer, durará dos semanas y volverá a emitirse durante dos semanas más por Navidad, coincidiendo con una operación especial de controles de alcoholemia en las carreteras similar a la que desarrolló la DGT el pasado verano. En esa ocasión se llegaron a registrar 16.000 alcoholemias positivas.
